La requirente impugna los artículos 671 del Código Civil y 497 del Código de Procedimiento Civil, por estimar que en la gestión pendiente permitieron que se reviviera un proceso fenecido, lo cual vulneró el debido proceso, su derecho de propiedad e infringió la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales.

La requirente sostiene que las normas impugnadas pueden conllevar una vulneración flagrante de derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, incluyendo la igualdad, el derecho de propiedad, y el acceso a la justicia.

La requirente sostiene que el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil establece, de manera absoluta, una sanción de convalidación al considerar que cualquier actuación en el expediente implica la renuncia al derecho de alegar abandono, incluso si dicha actuación no refleja el conocimiento del abandono. Argumenta que esta norma, diseñada para procedimientos judiciales con garantías procesales, resulta arbitraria y vulnera el debido proceso al aplicarse en contextos administrativos, donde no se cumplen estándares mínimos como acceso al expediente o reglas claras de formación.

La requirente sostiene que el precepto impugnado vulnera el derecho de defensa, a un debido proceso legal y el principio de igualdad de armas, y que cualquier limitación al derecho a ofrecer pruebas debe ser coherente con un juicio justo y condiciones equitativas para ambas partes.

La requirente sostiene que la aplicación automática del anatocismo es desproporcionada y no se justifica en el caso concreto, pues añade un gravamen innecesario que perjudica al empleador sin un beneficio adicional para el trabajador.

La requirente alega que la aplicación del artículo cuadragésimo séptimo transitorio de la Ley N° 21.210 ha sido decisiva en las sentencias de instancia para rechazar su demanda, basándose incorrectamente en que la obligación tributaria se funda en el cambio normativo, cuando el argumento principal es la inexistencia de obligación tributaria previa, ya que su actividad como sociedad de inversión pasiva no la califica como sujeto pasivo del tributo antes de la modificación introducida por la Ley N° 21.210.

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional la frase “La tasación será la que figure en el rol de avalúos que esté vigente para los efectos de la contribución de haberes”, contenida en el inciso primero del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil. El precepto legal impugnado establece lo siguiente: “Artículo 486.- “La tasación será la […]

La requirente sostuvo que en el caso concreto, la aplicación del precepto legal impugnado restringe injustificadamente diversos derechos constitucionales, incluidos el derecho al debido proceso, a la libertad económica, al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica.

La Magistratura Constitucional concluyó que la aplicación estricta del artículo 162 del Código del Trabajo, en este caso, vulneraría los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben guiar la interpretación de las normas laborales, ya que se acreditó que el pago se realizó antes del inicio del procedimiento de cobranza, lo cual fue reconocido por ambas partes y no existió afectación a los derechos previsionales del trabajador ni asimetría de información.

La Magistratura Constitucional razonó que la eliminación del artículo 33 de la Ley N°18.838 generaría inseguridad normativa, y que de acogerse la acción de inaplicabilidad impetrada respecto del artículo 34 se eliminaría la disposición que reconoce todas las prerrogativas que la parte requirente aduce como vulneradas.