La Magistratura Constitucional consideró que el artículo 2331 restringe la reparación integral del daño moral derivado de la vulneración del derecho a la honra, derecho fundamental garantizado por la Constitución. La norma limita la indemnización solo a ciertos daños patrimoniales, excluyendo el daño moral, lo que afecta el contenido esencial del derecho y contraviene el principio de reparación integral de los perjuicios sufridos.

La requirente sostiene que el artículo 3° transitorio de la Ley de Tramitación Electrónica extiende de manera innecesaria la ultratactividad de las normas anteriormente vigente en el CPC, a causas en apelación y casación que se tramitan en forma electrónica independientemente de su origen, afectando el principio de igualdad ante la ley. Además, de que la medida no cumple su objetivo de mantener la tramitación en papel y crea una distinción arbitraria entre litigantes.

Se considera que las normas que regulan el trámite de la reconvención en el caso pueden ser contrarias a garantías constitucionales, como la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia y el debido proceso, pues estiman que el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil plantea problemas al no garantizar una resolución equitativa.

El requerimiento sostiene que el precepto impugnado desnaturaliza el contenido de la Ley de Presupuestos, infringe las reglas especiales en materia presupuestaria (art. 67 inciso segundo), así como las reglas sobre ideas matrices (art. 69 inciso primero) y sobre iniciativa exclusiva (Art. 65 inciso cuarto, numeral 2), lo que el Tribunal Constitucional debe declarar para que la norma cuestionada –incorporada en el proyecto de ley de presupuestos- no pueda ser promulgada.

Los requirentes alegan que, aunque la confesión es uno de los seis medios probatorios del Código de Procedimiento Civil y juega un papel fundamental en los juicios civiles, si se utiliza en la sede penal puede vulnerar derechos fundamentales, lo que justifica declarar inaplicable los preceptos legales que impugnan para impedir una confesión que pueda emplearse en la sede penal.

Con la participación de Miguel Roca I Junyent – miembro de la Comisión Redactora de la Constitución Española de 1978- se presentó la obra del académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), profesor Patricio Zapata Larraín.

Esta normativa busca establecer un marco regulador robusto para la gestión de datos personales en Chile, con el fin de proteger la privacidad de los ciudadanos. Además, se crea la Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo que se encargará de la fiscalización y el cumplimiento de la normativa.

La requirente sostuvo que el artículo 2515 del Código Civil resulta inaplicable respecto a la prescripción de las faltas administrativas, ya que, en los casos de infracciones calificadas como faltas debe aplicarse el artículo 94 del Código Penal, que establece un plazo de prescripción de seis meses.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, desde que la obliga agotar la vía administrativa ante el CPLT, para luego quedar restringida de reclamar ante el tribunal que designa la misma ley.

En cuanto a la libertad de conciencia, aquí el Tribunal va a hacer la ponderación entre este derecho y el derecho a la salud. Aun cuando es posible afirmar que la libertad de conciencia faculta a los padres a formarse una opinión diversa sobre las bondades de la vacunación, esto no quiere decir que dicha libertad pueda invocarse frente a cualquier regulación legal opuestas a sus creencias, más todavía cuando está en juego los derechos de los hijos y del resto de la población.