La disposición cuestionada (art. 482 del Código del Trabajo) no solo encuentra una explicación lógica a la luz de los objetivos del procedimiento laboral y los principios que lo rigen, sino que también tiene un fin que es constitucionalmente legítimo: poner fin al proceso como forma de solución real y definitiva de los conflictos.

No es racional y justo un procedimiento en el cual no se puede apelar en contra de la resolución que niega conceder una medida precautoria cuyo objeto es precisamente asegurar el resultado de la demanda civil indemnizatoria. Con ello, además, se menoscaba el derecho a defensa jurídica y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que no se puede concebir un procedimiento en que la solicitud de medidas cautelares no pueda ser revisada por un tribunal de alzada.

El establecimiento de un límite para que ciertas operaciones de compra y venta deban realizarse por determinado medio de pago, sin duda constituye una alteración de la forma en que se realizan los pagos internos, además de afectar el poder liberatorio del dinero emitido por el Banco Central. Ni aún a pretexto de lo necesaria que resultaría esta decisión legislativa, no puede darse al Ministerio de Hacienda otra autoridad, derechos o competencias que la Constitución entrega de manera exclusiva al banco central de Chile.

El Tribunal Constitucional razona que las normas legales impugnadas resguardan la salud pública frente a enfermedades transmisibles, infecciosas, lo que se inscribe en el deber estatal de dar protección a la población para lograr la llamada “inmunidad colectiva” a fin de que tales enfermedades no se propaguen en cautela del derecho a la vida, de la integridad física y de la protección de la salud de la población. Por ello la libertad de conciencia no puede ser invocada para oponerse a cualquier regulación legal que las personas consideren contraria a sus creencias, sobre todo cuando afecta a terceros.

La audiencia se realizará el lunes 28 de octubre de 2024, a partir de las 14:00 horas, y será transmitida por poderjudicialtv.cl

Para evitar colocarse en la posición de “legisladores negativos”, varios tribunales constitucionales, desde mediados del siglo XX, comenzaron a emitir diferentes tipos de sentencias genéricamente denominadas “atípicas”.

El precepto impugnado tiene como legítima finalidad clausurar el proceso, haciendo efectiva la pronta y cumplida administración de justicia, tanto para que el imputado sea juzgado en un plazo razonable como para que las eventuales víctimas reciban reparación. Por ello, la certeza y seguridad jurídica, inherentes a la resolución de conflictos por medio del proceso, justifican que estos terminen en algún momento, razonan las disidentes.

La Magistratura Constitucional descartó que al no permitirse que el ejecutado oponga la referida excepción se produzcan resultados contrarios a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al derecho a defensa y al debido proceso.

La requirente alega que de aplicarse el precepto legal impugnado para resolver el recurso de amparo se vulneraran los artículos 1, 5 y 19 N°s 3, 7 y 26 de la Carta Fundamental, así como también el artículo XXV inciso 2° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, y el artículo 7.7 del Pacto de San José, disposiciones estas últimas que se refieren que nadie puede ser detenido por deudas.

El 11 y el 12 de octubre, participó en la 140° Sesión del Órgano Consultivo, responsable de brindar asesoría jurídica sobre cuestiones planteadas por alguno de los más de 60 Estados miembros sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales.