Desarrollada en conjunto por la Biblioteca del Congreso Nacional, el Diario Oficial y el TC, fue lanzada la tercera edición de la publicación.
El precepto impugnado no vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso ni la seguridad jurídica.
El requirente alega que se vulnera el debido proceso, el derecho al recurso y a la tutela judicial al impedir que la Corte de Apelaciones pueda conceder orden de no innovar, como también la esencia de los derechos y garantías constitucionales conculcados por aplicación del precepto legal impugnado
El sólo hecho de tratarse de un régimen de responsabilidad estricta no es suficiente para sostener la inconstitucionalidad del mismo, comoquiera que la Constitución no prejuzga respecto del fundamento de la obligación de reparar los daños causados.
La eventual aplicación del artículo 162, incisos 5°, oración final, 6° y 7° del Código del Trabajo, produce resultados contrarios al principio de proporcionalidad de las sanciones, al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica.
El recurrente alega que el precepto legal objetado infringe la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a defensa, el debido proceso y el derecho a la honra y vida privada, desde que se acogió la tacha de un testigo por existir “íntima amistad” entre éste y el demandante, lo que le habría impedido acredita el daño moral.
Cuestiones que hoy están reguladas en la ley que organiza el tribunal, y sobre las que se mantiene un consenso mayoritario, van a ser trasladadas a la Constitución, lo que, obviamente, dificultará su reforma en el futuro. En un repliegue defensivo, conscientes de su incapacidad política, los partidos confían en la Constitución y su tribunal como última barricada.
No transgrede la garantía de un debido proceso y el derecho al recurso, por lo que no menoscaba las posibilidades de defensa de los requirentes.
La descripción contenida en la norma impugnada constituye una tipificación suficiente del núcleo esencial de la conducta ilícita, sin que se verifique la existencia de una ley penal en blanco como alegó la parte requirente, razona la Magistratura Constitucional.
Un régimen demasiado amplio de apelaciones incidentales en pleitos de este género retardaría en demasía la duración del proceso, sin olvidar que el juicio de partición está llamado por naturaleza a ser breve, atributo que se asocia sin esfuerzo a la noción de “racional y justo”.
