Diversas ofertas incurrieron en causales de inadmisibilidad, sin ser excluidas por la demandada, lo que hace improcedente su evaluación
El actor alega que de haberse evaluado las ofertas sin arbitrariedad y con estricta sujeción a las bases, se habría adjudicado el proyecto, ya que contaba con la mejor oferta.
Lo anterior, por cuanto el Ministerio Público es un órgano autónomo, el cual no pertenece a la Administración del Estado.
El actor alega inobservancia de los antecedentes técnicos aportados al evaluar su oferta, lo que haría improcedente la decisión de la demandada.
La actora alega que el actuar de la Municipalidad devino en ilegal y arbitrario al infringir la Ley de Compras Públicas, su reglamento y los principios de igualdad entre ofertentes, de transparencia y de bilateralidad.
Si el Ministerio hubiera revisado los antecedentes en conformidad a los criterios de las bases, la impugnante sostiene que habría sido admitida a la etapa de evaluación.
La actora aduce que el actuar de la Municipalidad devino en arbitrario al optar por un criterio de evaluación que no se ajusta al contexto del proceso de licitación.
Las exigencias técnicas beneficiarían solo a un oferente, mientras que los demás postulantes dependerían únicamente de una empresa para su abastecimiento.
La demandada al no ser la entidad que llamó a la licitación, no es susceptible de ser considerada sujeto pasivo de la acción.
La actora esgrime que con tales especificaciones se impone una limitación que beneficia solo a algunos oferentes.
