El recurrente alegó que el Tribunal no emitió pronunciamiento de toda la prueba rendida, por lo que la experiencia del oferente adjudicatario no era propia.
Una vez adjudicado el contrato, la empresa instaló el software requerido por el órgano, hecho considerado ilegal por una de las empresas no favorecidas con la licitación.
No afectan el resultado final del cálculo del criterio de evaluación analizado, por lo que, aplicando el principio de no trascendencia, no se ha afectado la evaluación de la oferta del adjudicado. Además, los cambios de criterio se aplicaron a todos por igual, con respeto al principio de igualdad entre los oferentes.
Los actores alegan que la empresa adjudicada no acreditó cumplir los estándares de fabricación, por cuanto fue sancionada por los fraudes cometidos en la emisión de pasaportes mientras era proveedora del servicio.
Atendida la naturaleza administrativa del procedimiento de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, los plazos de impugnación deben evaluarse a la luz de lo previsto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880.
Mientras exista reclamación administrativa pendiente contra la misma entidad licitante, el Tribunal debe inhibirse de conocer la impugnación por el mismo asunto. No resulta posible intentar dos reclamaciones en forma paralela, aunque se hayan impetrado ante organismos diferentes.
Es obligación de la entidad licitante declarar inadmisibles las propuestas que carezcan de un precio claro en la oferta en base a los principios de legalidad y de estricta sujeción a las bases del procedimiento.
La nulidad de derecho público es una acción general, y no un reclamo de ilegalidad como el establecido en la Ley 19.886, por lo que su competencia radica en la sede ordinaria.
Se favorece la participación de personas jurídicas y/o naturales dedicadas al rubro municipal, cuando no existe diferenciación entre la tramitación de causas de cobranza municipal y cobranza común.
La Dirección de Compras no es la entidad que llama a la licitación en que se ha interpuesto la demanda y, en consecuencia, no es susceptible de ser considerada como sujeto pasivo de dicha acción.
