La Corte Europea de Derechos Humanos determinó que la búsqueda y confiscación de documentos personales de una asociación masónica en Italia, ordenada por una comisión parlamentaria, fue desproporcionada y violó el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Las autoridades nacionales disfrutan de una legitimidad democrática directa y, como se ha afirmado en numerosas ocasiones, están en principio mejor situadas que el juez internacional para pronunciarse sobre las necesidades y contextos locales.
El Convenio Europeo de los Derechos Humanos y sus Protocolos Adicionales contienen casi exclusivamente derechos civiles y políticos, pues los derechos económicos y sociales están protegidos fundamentalmente, en el ámbito del Consejo de Europa, por la Carta Social Europea.
La Gran Sala declaró por unanimidad que un paciente adulto competente tiene derecho a rechazar cualquier tratamiento médico, incluido la transfusión sanguínea.
La corte de Luxemburgo respondió al tribunal de Bucarest que una normativa de un Estado miembro que no permite reconocer y anotar en el certificado de nacimiento de un nacional el cambio de nombre y de identidad de género legalmente adquirido en otro Estado miembro, en este caso en el Reino Unido, es contraria al Derecho de la Unión.
Los tribunales solo centraron su evaluación en la naturaleza y la gravedad del delito, sin tener en cuenta que el demandante ya no representaba una amenaza para la seguridad pública. En particular, poco después de su condena, había encontrado un trabajo a tiempo completo que había conservado hasta su expulsión, y no cometió nuevos ilícitos.
Los delitos graves de odio constituyen en el sistema europeo de derechos fundamentales un límite objetivo a la libertad de expresión. Sin embargo, como cualquier límite a los derechos fundamentales, han de ser objeto de interpretación restrictiva.
Se emplean dos criterios para verificar la imparcialidad de un tribunal a los fines del artículo 6.1: en primer lugar, un criterio subjetivo, que busca determinar si un juez ha mostrado prejuicio personal o parcialidad en un caso dado; y luego, un criterio objetivo, que busca verificar si el tribunal en sí ofrece, especialmente por su composición, garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre su imparcialidad.
Los Estados tienen (y habían tenido durante la pandemia) la obligación de salvaguardar la vida de quienes se encuentran dentro de sus jurisdicciones. Las restricciones en este caso habían perseguido el objetivo legítimo de la protección de la salud y los derechos y libertades de los demás.
El delito por el cual el solicitante fue condenado tenía una base en la “ley nacional en el momento en que se cometió”, y también la ley lo había definido con suficiente claridad para cumplir con el requisito de previsibilidad. Además, la interpretación de los tribunales nacionales de las disposiciones del Artículo 314 § 2 del Código Penal no fue expansiva y la solución en el presente caso fue coherente con la esencia del delito.
Una ley educativa que pretende prohibir la «propaganda» LGBTQ+ en las escuelas búlgaras ha sido duramente criticada por los defensores de los derechos humanos.
