A pesar de una tendencia creciente hacia su legalización, la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa siguen prohibiendo tanto el suicidio médicamente asistido como la eutanasia. Por lo tanto, el Estado tiene una amplia discreción a este respecto, y en el caso las autoridades mantuvieron un justo equilibrio entre los intereses en juego.

El demandante no actuó con diligencia para cumplir con los estrictos deberes de un diputado electo y así evitar cualquier conflicto de intereses. Su destitución y las consecuencias para su vida privada fueron, por tanto, el resultado previsible de su propia conducta.

El demandante no dispuso de un recurso efectivo ya que las sentencias dictadas por un tribunal regional (el nivel de jurisdicción al que pertenecía el tribunal ad quem) en casos de difamación fueron excluidas del ámbito de los recursos sobre cuestiones de ley. Por tanto, las deficiencias del procedimiento de recusación tramitado ante el referido tribunal no podrían haber sido subsanadas por un tribunal superior.

La interferencia con el derecho de los demandantes al respeto de su vida privada derivada del requisito de que los proveedores de TIC conserven sus datos de comunicaciones es muy grave y podría, con razón, generar en las personas interesadas un sentimiento de vulnerabilidad y de sobreexposición al escrutinio de terceros.

Las autoridades no tomaron medida alguna para evaluar las amenazas y el riesgo que representaban para la vida de los solicitantes y no consideraron medidas para evitar que tal riesgo se materializara. Las quejas de los demandantes por la falta de investigación sobre las amenazas fueron ignoradas. Además, el relato de la mujer sobre su traslado forzoso a Chechenia había sido creíble.

El actor cuestionó la legalidad de la transcripción de las conversaciones, argumentando que no había sido necesaria para los fines de la investigación. Una serie de supuestos defectos podrían haber sido examinados por los tribunales nacionales como parte de una acción de indemnización. Esa vía habría permitido a los tribunales nacionales abordar el fondo de la queja de los demandantes sobre la Convención.

El Convenio debería interpretarse teniendo en cuenta el derecho internacional siempre que sea posible. Sin embargo, la tarea de este Tribunal no es verificar el cumplimiento de los instrumentos internacionales, sino de la CEDH.

El pluralismo y la democracia deben basarse en el diálogo y en un espíritu de avenencia, lo que entraña necesariamente diversas concesiones por parte de los individuos que están justificadas para mantener y promover los ideales y valores de una sociedad democrática.

No parece que la medida preventiva adoptada hubiera sido el resultado de una evaluación individual y detallada de su comportamiento o de sus acciones que hubiera permitido fundamentar el riesgo de que pudiera contribuir a los disturbios temidos por las autoridades. Además, el examen judicial de la medida adoptada contra el demandante no fue acompañado de garantías procesales adecuadas.

El acceso de los niños adoptados a la información sobre sus orígenes biológicos es una cuestión delicada y ética. En el caso concreto, las autoridades no hicieron ningún intento de establecer si los padres biológicos de la demandante realmente habían expresado el deseo de que su adopción permaneciera en secreto.