El fallo establece que corresponde al parlamento y al gobierno la determinación de medidas y acciones para abordar el cambio climático. El Tribunal sostuvo que un control judicial sobre tales políticas excedería su competencia, al involucrar una función propia de los órganos de gobierno.
De acuerdo con el “principio de precaución” y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la detección del problema de contaminación, el Estado no puede alegar la imposibilidad de determinar con exactitud los efectos específicos que la contaminación pudo haber tenido sobre la salud de un demandante en particular para eludir su obligación de protección respecto a los demás demandantes.
La mera existencia de una obligación matrimonial de este tipo es contraria a la libertad sexual, al derecho de disponer del propio cuerpo y a la obligación positiva de los Estados contratantes de prevenir la violencia doméstica y sexual. A juicio de este Tribunal, el consentimiento al matrimonio no implica el consentimiento a relaciones sexuales futuras.
Se juzga que el Consejo Superior de la Judicatura no disipó las dudas legítimas que el exjuez albergaba en cuanto a la imparcialidad del presidente de dicho órgano, y que el demandante no contó con garantías procesales suficientes a este respecto.
Los demandantes acudieron al lugar, permanecieron allí siendo plenamente conscientes de la situación de bloqueo, y, mediante su inacción consciente y voluntaria, brindaron una ayuda esencial para la comisión de la infracción de obstrucción malintencionada al tráfico. Algunos de ellos desempeñaron un papel «preponderante», e incluso «particularmente preponderante», en el bloqueo, considerando sus responsabilidades sindicales.
En el ámbito de la vigilancia secreta, se exige que toda persona que sospeche que sus comunicaciones han sido interceptadas por los servicios de inteligencia disponga de un recurso efectivo que permita impugnar la legalidad de la intromisión sospechosa o la conformidad con la Convención del régimen de intercepción.
Los tribunales limitaron su análisis a un único aspecto, es decir, la negativa a permitirle el acceso a su casa debido a restricciones de seguridad. Más concretamente, el Tribunal Supremo no verificó cómo se obtuvo exactamente el «consentimiento» de la propietaria para la ocupación de su casa, las condiciones que ella estableció para dicho uso o el monto del alquiler a pagar.
El caso no plantea una cuestión de principio en el sentido del artículo 1 § 1 del Protocolo N° 16 que justifique un examen. Exponiendo una visión general pertinente de su jurisprudencia a este efecto, este Tribunal demuestra que la jurisdicción solicitante dispone de los medios necesarios para garantizar el respeto de los derechos protegidos por la Convención cuando juzgue el litigio pendiente.
Dado el gran número de otras solicitudes potenciales y el hecho de que no existe en Croacia un mecanismo para permitir que las demandantes determinen lo que sucedió con sus hijos, el Tribunal considera que se requieren medidas generales a nivel nacional. Invita al Estado a implementar un mecanismo destinado a proporcionar un remedio individual a todos los padres que se encuentren en una situación similar a la de las demandantes.
Era esencial que el sistema de tasación, establecido por el marco legislativo nacional (las tablas notariales), se basara en datos relevantes del mercado inmobiliario, fuera transparente, se actualizara regularmente (al menos anualmente), fuera fácilmente accesible y relativamente fácil de usar”.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentencia a Grecia por deportar a una mujer turca sin evaluar los riesgos. Paralelamente, desestima el caso de un menor afgano al no hallar pruebas suficientes.
