El caso no plantea una cuestión de principio en el sentido del artículo 1 § 1 del Protocolo N° 16 que justifique un examen. Exponiendo una visión general pertinente de su jurisprudencia a este efecto, este Tribunal demuestra que la jurisdicción solicitante dispone de los medios necesarios para garantizar el respeto de los derechos protegidos por la Convención cuando juzgue el litigio pendiente.

Dado el gran número de otras solicitudes potenciales y el hecho de que no existe en Croacia un mecanismo para permitir que las demandantes determinen lo que sucedió con sus hijos, el Tribunal considera que se requieren medidas generales a nivel nacional. Invita al Estado a implementar un mecanismo destinado a proporcionar un remedio individual a todos los padres que se encuentren en una situación similar a la de las demandantes.

Era esencial que el sistema de tasación, establecido por el marco legislativo nacional (las tablas notariales), se basara en datos relevantes del mercado inmobiliario, fuera transparente, se actualizara regularmente (al menos anualmente), fuera fácilmente accesible y relativamente fácil de usar”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentencia a Grecia por deportar a una mujer turca sin evaluar los riesgos. Paralelamente, desestima el caso de un menor afgano al no hallar pruebas suficientes.

La base legal para la interferencia impugnada no definía el alcance y la manera en que el demandante podía ejercer su derecho a la libertad de expresión, al abrir su página de Facebook a comentarios de terceros, con la suficiente claridad para ofrecerle el grado de protección al que tenía derecho según el Estado de Derecho en una sociedad democrática.

El solicitante, cuyas declaraciones y alegaciones en ocasiones parecieron contradictorias e inconsistentes, no aportó pruebas prima facie de su presencia en Grecia ni de su “pushback” a Turquía desde la isla de Samos en las fechas alegadas y, por lo tanto, no podía reclamar la condición de víctima en virtud del Artículo 34 del Convenio.

Las autoridades portuguesas ignoraron los derechos del actor como padre y no evaluaron si la devolución del niño coincidía con su mejor interés. En cuanto a la orden de búsqueda y localización, se reitera que las medidas coercitivas contra menores no son deseables. En relación con el período posterior al arresto del padre, las autoridades portuguesas no cumplieron con sus obligaciones de proteger al menor, quien tenía solo siete años en ese momento, al mantenerlo en una comisaría.

La obligación procesal bajo el Convenio requiere que la investigación sea accesible para las víctimas en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos. Las víctimas deben poder participar efectivamente en la investigación de una forma u otra, en particular, teniendo acceso a los materiales de la investigación. Además, tras una investigación, debería haber una decisión razonada disponible para asegurar al público preocupado que se ha respetado el estado de derecho.

El derecho de huelga no es absoluto. Puede estar sujeto a ciertas condiciones y restricciones. Así, en particular, se pueden imponer restricciones al derecho de huelga de los trabajadores que prestan servicios esenciales a la población, mientras que una prohibición total del derecho de huelga respecto a ciertas categorías de dichos trabajadores requiere pruebas sólidas por parte del Estado para justificar la necesidad de esas restricciones.

Los demandantes en este caso no demostraron que el objetivo principal de la acción de paro laboral en la que participaron estuviera relacionado con sus intereses económicos, sociales o profesionales. Así, las acciones de huelga solo están protegidas por el artículo 11 si son organizadas por organismos sindicales y están vinculadas a los intereses profesionales de sus miembros.