Las autoridades portuguesas ignoraron los derechos del actor como padre y no evaluaron si la devolución del niño coincidía con su mejor interés. En cuanto a la orden de búsqueda y localización, se reitera que las medidas coercitivas contra menores no son deseables. En relación con el período posterior al arresto del padre, las autoridades portuguesas no cumplieron con sus obligaciones de proteger al menor, quien tenía solo siete años en ese momento, al mantenerlo en una comisaría.

La obligación procesal bajo el Convenio requiere que la investigación sea accesible para las víctimas en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos. Las víctimas deben poder participar efectivamente en la investigación de una forma u otra, en particular, teniendo acceso a los materiales de la investigación. Además, tras una investigación, debería haber una decisión razonada disponible para asegurar al público preocupado que se ha respetado el estado de derecho.

El derecho de huelga no es absoluto. Puede estar sujeto a ciertas condiciones y restricciones. Así, en particular, se pueden imponer restricciones al derecho de huelga de los trabajadores que prestan servicios esenciales a la población, mientras que una prohibición total del derecho de huelga respecto a ciertas categorías de dichos trabajadores requiere pruebas sólidas por parte del Estado para justificar la necesidad de esas restricciones.

Los demandantes en este caso no demostraron que el objetivo principal de la acción de paro laboral en la que participaron estuviera relacionado con sus intereses económicos, sociales o profesionales. Así, las acciones de huelga solo están protegidas por el artículo 11 si son organizadas por organismos sindicales y están vinculadas a los intereses profesionales de sus miembros.

El hecho de que los tribunales internos no garantizaran que los intereses de los niños fueran representados de manera adecuada en el procedimiento relativo al derecho de visitas y la custodia, constituye en sí mismo una violación del derecho de los niños al respeto de su vida familiar.

A pesar de la gravedad de la interferencia en los derechos de la asociación demandante y la gravedad del objeto de la investigación –la infiltración de logias masónicas por grupos mafiosos–, la comisión parlamentaria no mencionó en su mandato de registro investigaciones, delitos, personas o elementos de prueba específicos. Por lo tanto, el registro y la incautación no estaban suficientemente justificados.

Georgia ha hecho esfuerzos suficientes para recuperar el control del territorio. En cambio, el gobierno ruso, que ejerce un control efectivo sobre Abjasia, no ha justificado la injerencia cometida en el ejercicio por estos demandantes de sus derechos patrimoniales. Debería haber tomado medidas para proteger estos derechos, como establecer un mecanismo legal accesible y flexible. Sin embargo, no lo hizo.

El actor no presentó pruebas, como informes médicos, sobre los supuestos malos tratos; tampoco aportó copias de las declaraciones que hizo en las etapas de investigación o juicio, ni cualquier otra cosa que permitiera al Tribunal examinar sus alegaciones de malos tratos. Del mismo modo, no ofreció ninguna razón para su queja sobre la falta de objetividad e imparcialidad de los tribunales.

Para muchos, el lazo de San Jorge ahora está vinculado a la supuesta valentía militar rusa y simboliza el sufrimiento causado por la agresión de este país. Por ende, no se encuentran motivos para cuestionar los esfuerzos del gobierno ucraniano por abordar los problemas planteados por el conflicto armado.

Durante medio siglo, Suiza ha defendido las libertades fundamentales que consagra la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), salvo en casos muy excepcionales. Una revisión de algunos de los momentos clave y las sentencias judiciales que se han producido a lo largo del camino.