La protección otorgada por el artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos a los periodistas en relación con la información sobre asuntos de interés público, está sujeta a la condición de que estos actúen de buena fe para proporcionar información precisa y confiable, de conformidad con la ética periodística.

Las cuestiones relativas a la concesión, retirada y, como en el presente caso, privación de la nacionalidad son asuntos en los que los Estados contratantes deben gozar de un amplio margen de discrecionalidad. Además, la violencia terrorista es en sí misma una grave amenaza para los derechos humanos y, en consecuencia, es legítimo que los Estados adopten medidas respecto a las personas condenadas.

El demandante había podido impugnar la decisión del BdP ante la autoridad. Se celebraron varias audiencias en el curso de las cuales se escuchó al demandante y a los testigos. Por lo tanto, la supervisión de la autoridad no consistió simplemente en una revisión de legalidad, sino que, de hecho, fue llevada a cabo por un tribunal con plena jurisdicción.

No está específicamente prohibido que un tribunal base una decisión en un testimonio incriminatorio ofrecido por un cómplice. Sin embargo, dado que esto puede afectar la equidad del juicio, se debe evaluar la equidad del procedimiento penal en su conjunto.

Los tribunales nacionales no proporcionaron razones que justificaran considerar las manifestaciones en cuestión como violentas, ni analizaron adecuadamente la conducta del actor durante estos acontecimientos. Además, tampoco explicaron suficientemente por qué era apropiado castigar al demandante por haber convocado a participar en una reunión pacífica.

Al fijar la edad en 35 años, tal restricción es necesaria para garantizar y mantener la capacidad funcional de dicha policía autónoma. Dado que el margen de apreciación es amplio respecto a los requisitos de acceso al empleo público en el ámbito de las fuerzas de seguridad, las autoridades nacionales justificaron la necesidad de la medida con razones pertinentes y suficientes.

El artículo 37.1 del Convenio permite a este Tribunal eliminar un caso de su lista si “por cualquier otra razón establecida por el Tribunal, ya no se justifica continuar con el examen de la solicitud”. Sin embargo, se debe continuar con el examen de la solicitud si el respeto por los derechos humanos, tal como se define en la Convención y sus Protocolos, así lo requiere.

La obligación de la empresa periodística de pagar costos adicionales, incluidos los honorarios de éxito, había sido desproporcionada. Por lo tanto, hubo una violación del Artículo 10 del Convenio en lo que respecta a los honorarios de éxito que se tuvieron que pagar en virtud de los juicios.

La obligación de llevar a cabo una investigación efectiva sobre alegaciones de tratamiento que infringen el artículo 3 a manos de agentes del Estado está bien establecida en la jurisprudencia de este Tribunal. En este caso, transcurrieron tres años y cuatro meses desde la denuncia penal hasta la solicitud de sobreseimiento; y no había evidencia de que se hubieran tomado declaraciones de testigos ni realizado otras diligencias investigativas.

La preocupación esencial es la falta de un marco práctico para la protección del secreto profesional de los abogados en casos como el presente. Además, el derecho interno no parece contener ningún procedimiento o garantía específica para abordar el examen de los soportes de datos electrónicos y evitar que se vea comprometida la comunicación amparada por el secreto profesional.