La necesidad de detener a menores en un contexto de inmigración debe ser examinada muy cuidadosamente por las autoridades nacionales. En el caso, la comisión de apelaciones en materia de inmigración confirmó sin distinción la legalidad de la detención de los demandantes, a pesar de que una normativa nacional preveía que los migrantes que afirmaran ser menores no debían ser detenidos, excepto como último recurso.

El término «agente extranjero» asignado a las personas físicas o jurídicas demandantes obstaculizó considerablemente sus actividades, ya que les impuso obligaciones adicionales en términos de contabilidad, control, presentación de informes y divulgación, así como un obstáculo para su participación en las elecciones.

Cuando existen procedimientos simplificados, el acusado no debe ser privado arbitrariamente de ellos. Teniendo en cuenta el marco jurídico vigente en el momento en que el demandante solicitó el procedimiento simplificado, no podía esperar legítimamente recibir una pena distinta de la cadena perpetua sin aislamiento diurno. La sentencia era previsible y por lo tanto no hubo violación del derecho del actor a un juicio justo.

Los tribunales nacionales no ofrecieron a la demandante una oportunidad razonable de hacer valer su punto de vista en el marco de un procedimiento contradictorio. Esta situación se debe, por una parte, a la ley sobre la asistencia judicial internacional, que no prevé la comunicación de la información relativa a la medida de confiscación al cliente del banco afectado, y, por otra parte, a la decisión de los tribunales nacionales de no analizar los argumentos invocados.

La falta total de motivación en la sentencia del Tribunal Penal de 2018 había constituido claramente una violación del principio de protección contra la arbitrariedad consagrado en el artículo 5.1 del Convenio, teniendo en cuenta, en particular, que el demandante estaba, en ese momento, encarcelado en virtud de una sentencia que imponía una pena de prisión de ocho años a otra persona.

Esa prohibición fue «necesaria» en el contexto en que se produjo, dentro del equilibrio entre «proteger la salud y los derechos y libertades» de los ciudadanos, señaló la decisión del Tribunal de Estrasburgo.

La libertad de expresión de un representante político en el debate parlamentario sería jurídicamente aceptable mientras no implique un delito.

Al sopesarse el daño causado al empleador del demandante con el interés del público en recibir la información divulgada a la prensa por éste, la exactitud de los hechos divulgados y la severidad de la sanción impuesta, se aprecia que la interferencia en la libertad de expresión del actor no fue necesaria en una sociedad democrática.

Las deficiencias del caso demostraron un flagrante incumplimiento del deber de investigar las graves denuncias de trata de seres humanos, un delito con consecuencias devastadoras para sus víctimas, por lo que se había producido una violación del artículo 4 (aspecto procesal) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En un primer juicio celebrado el 2019 en Sabadell, los tres estudiantes fueron condenados por ultraje a 6.000 euros de multa. La Audiencia de Barcelona los absolvió en 2020, pero el Tribunal Supremo y el Constitucional ratificaron la condena.