En un primer juicio celebrado el 2019 en Sabadell, los tres estudiantes fueron condenados por ultraje a 6.000 euros de multa. La Audiencia de Barcelona los absolvió en 2020, pero el Tribunal Supremo y el Constitucional ratificaron la condena.

Las sentencias no se habían ejecutado, como consecuencia de cambios por parte de las diversas autoridades involucradas, y el uso del terreno en cuestión había seguido restringido desde 2003, una situación que seguía vigente. Esta situación revelaba la falta de un recurso efectivo para obligar a las autoridades a cumplir las decisiones judiciales relativas a la propiedad de los demandantes.

El actor fue descalificado solo seis días después de haber sido inscrito en la lista de candidatos a las elecciones a la Duma Estatal de Rusia. Los tribunales rusos basaron su decisión en el apoyo del demandante a Navalny, que había expresado participando en una manifestación y animando a otros a hacer lo mismo.

El caso de Marin Sabau, el pistolero de Tarragona, ha generado debate tanto dentro como fuera de España.

El Convenio franco-monegasco de 2005 preveía expresamente que la duración de las comisiones de servicio era de tres años, «renovables una vez», salvo pacto en contrario en vigor entre los dos Estados y sujeto a posibles excepciones. Este texto no especificaba que la renovación de la comisión de servicio se concedería automáticamente al final del período de tres años.

A la actora no se le impidió presentarse como candidata y pudo participar activamente en política, incluso como eurodiputada. Al impedir que la demandante se presentara como candidata a una elección legislativa, las autoridades letonas no han excedido el margen de apreciación del que disfrutan para decidir estas cuestiones.

No habría sido posible celebrar un juicio en ningún caso, porque las autoridades estadounidenses no hubieran entregado a los militares acusados ​​y la ley española no autorizaba sentencias en rebeldía; y no se excluía la reapertura del procedimiento en el caso de que el imputado ingresara en la esfera de jurisdicción de España viajando a ese país. Por último, el demandante podría haber iniciado una acción civil al margen del proceso penal.

El Tribunal Constitucional incumplió su obligación de comunicar a los demandantes razones válidas para justificar su decisión de rechazar los recursos, lo que equivale a una violación del artículo 6 del Convenio. Como resultado de esta decisión, los demandantes ahora tendrán la posibilidad de obtener la reapertura del procedimiento que les concierne.

Los Estados tienen una discrecionalidad algo más amplia en lo que respecta a la educación preescolar. Al restablecer el uso del letón como lengua de instrucción y aplicar gradualmente la reforma educativa con respecto a esta educación. Letonia no se ha excedido en esa discreción, ya que ha mantenido la capacidad de los alumnos de habla rusa para aprender su idioma y preservar su cultura e identidad.

No se puede considerar que las autoridades hubieran subestimado el riesgo de un ataque terrorista o que una inteligencia más precisa, una mejor planificación y recurrir a otras medidas preventivas hubieran evitado los eventos que llevaron a la muerte de varias personas y a la lesión del demandante.