Se emplean dos criterios para verificar la imparcialidad de un tribunal a los fines del artículo 6.1: en primer lugar, un criterio subjetivo, que busca determinar si un juez ha mostrado prejuicio personal o parcialidad en un caso dado; y luego, un criterio objetivo, que busca verificar si el tribunal en sí ofrece, especialmente por su composición, garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre su imparcialidad.

Los Estados tienen (y habían tenido durante la pandemia) la obligación de salvaguardar la vida de quienes se encuentran dentro de sus jurisdicciones. Las restricciones en este caso habían perseguido el objetivo legítimo de la protección de la salud y los derechos y libertades de los demás.

El delito por el cual el solicitante fue condenado tenía una base en la “ley nacional en el momento en que se cometió”, y también la ley lo había definido con suficiente claridad para cumplir con el requisito de previsibilidad. Además, la interpretación de los tribunales nacionales de las disposiciones del Artículo 314 § 2 del Código Penal no fue expansiva y la solución en el presente caso fue coherente con la esencia del delito.

Una ley educativa que pretende prohibir la «propaganda» LGBTQ+ en las escuelas búlgaras ha sido duramente criticada por los defensores de los derechos humanos.

Presentada por el abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal, que reclama una condena de 20.000 euros.

El Demandante es autor de un libro publicado en el año 2009, cuya versión electrónica fue publicada por una ONG en su página web (la “Demandada” o la “ONG”), sin el consentimiento del autor. Recibida la solicitud de retirada del Demandante, la ONG procedió a retirar la copia electrónica del libro. No obstante, la información de la página web indicaba que el libro ya había sido descargado en 417 ocasiones. Por ello, el Autor interpuso una demanda civil contra la ONG solicitando una indemnización, tanto por daños patrimoniales como morales, derivados de la infracción de sus derechos de autor.

El derecho a la vivienda de emergencia, por su naturaleza y finalidad social, es afín a los derechos reconocidos en el marco del derecho legalmente exigible a la vivienda o a las prestaciones sociales a los efectos de la jurisprudencia. En consecuencia, la decisión de conceder o denegar alojamiento de emergencia constituye un derecho civil que no se equipara a una decisión sobre inmigración o sobre la entrada, estancia o expulsión de extranjeros.

Por utilizar únicamente la vía del derecho penal, el demandante se había privado de la posibilidad de obtener una reparación a través de los procedimientos civiles disponibles para él. De este modo, limitó el alcance del examen de los tribunales nacionales, que sólo pudieron pronunciarse sobre la falta de gravedad de la supuesta infracción a los efectos del derecho penal.

Las autoridades no cumplieron con su deber de tomar todas las medidas razonables para determinar a través de un organismo independiente si una actitud discriminatoria había jugado o no un papel en el control de identidad y, por lo tanto, no llevaron a cabo una investigación efectiva al respecto.

La jurista irlandesa Siofra o´Leary es, desde este 1 de noviembre, la nueva presidenta del Tribunal de Estrasburgo convirtiéndose en la primera mujer que encabeza el TEDH desde su creación en 1959. O´Leary sustituye en el cargo al islandés Robert Spano que llevaba 9 años en la presidencia del principal tribunal de derechos humanos de la UE.