La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo determinó que la colocación de la bandera durante las celebraciones del Orgullo, como en el patio de la Diputación Provincial de Valladolid y el balcón principal del Ayuntamiento de Zaragoza, se alinea con los esfuerzos para promover la igualdad.
Aun cuando la duración del proceso no pueda tener la consideración de desbordar copiosamente una tramitación indolente, tampoco se puede aceptar que se haya extendido más allá de lo razonablemente previsto para un supuesto de sus circunstancias.
El cultivo a gran escala destinado a abastecer a consumidores que pertenecen a asociaciones constituidas al efecto, pone en riesgo la salud de terceros.
Las expresiones ofensivas, si son aisladamente consideradas, no pueden reputarse como una intromisión ilícita si se consideran proporcionadas con la finalidad informativa o valorativa que se pretende en contextos de crítica.
El despido de una mujer por extraviar documentación laboral, camino a su domicilio, es injustificado, ya que la empresa no prohibió expresamente esta extracción desde sus dependencias y su sanción fue desproporcionada.
Las personas que viven en la pobreza sufren muchas privaciones que se relacionan entre sí y se refuerzan mutuamente que les impiden hacer realidad sus derechos y perpetúan su pobreza.
No basta alegar que se trató de un homenaje a un artista para justificar el empleo de su imagen. En el presente caso, las circunstancias en que se utiliza ponen en evidencia su finalidad publicitaria y comercial, y diluyen la relevancia del posible interés cultural.
La veracidad, aun parcial de lo difundido, es un criterio de prevalencia en caso de colisión entre la libertad de expresión y el derecho al honor de funcionarios públicos.
El grado de madurez física y psicológica entre la víctima y el victimario es fundamental para determinar la exención de responsabilidad penal.
Las personas con discapacidad psíquica tienen derecho a experimentar su sexualidad y ha no regirse por determinados estándares morales.
El máximo Tribunal español consideró que la sentencia de base vulneró los derechos de una de las víctimas al no razonar de manera suficiente los motivos por los que absolvió a los acusados.
