La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español ha confirmado la condena al pago de una multa de 1.080 euros por un delito de desobediencia impuesta a un hombre que se negó a vestirse tras presentarse desnudo en una Comisaría de Valencia a presentar una denuncia.
«Resulta palmario que la conducta investigada carece de la entidad precisa para integrar el delito de abuso de autoridad, en su modalidad de maltrato de obra a un subordinado, previsto en el artículo 46 del Código Penal Militar, que requiere la gravedad del atentado a la dignidad con humillación o degradación del inferior, tal y como correctamente se señala por dicho Tribunal».
Durante el Antiguo Egipto el Udyat (que signifca «el que está completo») fue considerado uno de los amuletos más poderosos porque potenciaba la vista, protegía y curaba las enfermedades oculares, contrarrestaba el «mal de ojo» y protegía a los difuntos. Simbolizaba la salud, la prosperidad, la preservación del cuerpo y la resurrección.
La esencia del delito de injurias no está en la corteza de los vocablos sino en la intención de quien los profiere.
No se acreditó que el demandante obtuviera información sobre la verdadera situación económica de Bankia.
No puede entenderse que el uso de la embarcación no sea delito, porque ello conllevaría la impunidad del contrabando.
Considera que cada menor sujeto pasivo del delito es una víctima y que deben entenderse cometidos tantos delitos como menores resulten atacados.
El acusado alegaba la posible existencia de legítima defensa, así como la inevitabilidad de ese acceso por la configuración técnica del programa de gestión del correo electrónico.
Se rechazó el argumento de la defensa, que invocó en su recurso de casación el carácter sanitario de la mascarilla para evitar la aplicación de la agravante.
El máximo Tribunal de España adujo que adujo no puede haber duda de que el menor, que carece de capacidad de obrar, no puede colaborar (menos aún de manera consciente y voluntaria) en la ocultación de bienes, pues tales conceptos normativos, son privativos de quienes gozan de capacidad de obrar, entre quienes no se encuentran los menores de edad, bajo ningún concepto.
El máximo Tribunal de España adujo que cuando media consentimiento para la cesión de la imagen y lo que se discute es lo que correspondería cobrar de más al cedente en atención a un uso que considera que excede de lo acordado, la cuestión no está relacionada con la vulneración de un derecho de la personalidad.
