El acusado alegaba la posible existencia de legítima defensa, así como la inevitabilidad de ese acceso por la configuración técnica del programa de gestión del correo electrónico.

Se rechazó el argumento de la defensa, que invocó en su recurso de casación el carácter sanitario de la mascarilla para evitar la aplicación de la agravante.

El máximo Tribunal de España adujo que adujo no puede haber duda de que el menor, que carece de capacidad de obrar, no puede colaborar (menos aún de manera consciente y voluntaria) en la ocultación de bienes, pues tales conceptos normativos, son privativos de quienes gozan de capacidad de obrar, entre quienes no se encuentran los menores de edad, bajo ningún concepto.

El máximo Tribunal de España adujo que cuando media consentimiento para la cesión de la imagen y lo que se discute es lo que correspondería cobrar de más al cedente en atención a un uso que considera que excede de lo acordado, la cuestión no está relacionada con la vulneración de un derecho de la personalidad.

El máximo Tribunal de España adujo que la acción enjuiciada se desarrolló mientras los internos subían de dependencias comunes a sus celdas, lo que supone un movimiento masivo de internos que precisa de una organización especialmente cuidadosa y de unos criterios de vigilancia reforzados.

En dicho artículo se expresaba que «… hay que solucionar con la buena voluntad de las partes, pero que, si esta no existe, como militar nos quedaría la solución armada en la que se aplicará la Ley del Estado con toda su contundencia…»».

El máximo Tribunal español adujo esto, pues el incumplimiento de esta obligación deja a los propios hijos en un estado de necesidad en el que, ante su corta edad, y carencia de autosuficiencia, necesitan de ese sustento alimenticio del obligado a prestarlo, primero por una obligación moral y natural que tiene el obligado.

Este crimen trata la muerte de una pareja de 87 años, quienes fueron asesinados en su propia casa, situada en un barrio de Bilbao, después de robarles un pequeño botín. Los presuntos culpables son menores de edad de 14 y 16 años.

El máximo Tribunal de España consideró los acuerdos conformes a derecho y las sanciones, proporcionales.

El máximo Tribunal de España la condenó como autora de un delito de descubrimiento de secretos.