Según la Jurisprudencia de la UE, debe existir un objeto original que constituya una creación intelectual propia de su autor; y la consideración de obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual.

La Magistratura española concluyó que las cifras que se manejan están “fuera de lugar”, máxime cuando se pretenden cobrar sorpresivamente, sin ningún tipo de advertencia previa al cliente. Así, consideran “evidente” que, si llegan a informar del coste de sus servicios, no los hubieran contratado.

Al momento de la inscripción la demandante poseía una deuda cierta, exigible y no controvertida con el banco que fue inscrita en conformidad a derecho.

El Abogado del Estado solicitó la suspensión cautelar del acuerdo, por considerar que podría ser nulo de pleno derecho, al rebasar el límite de inicio de la restricción de la libertad de circulación que permite la declaración de estado de alarma, a las 22 horas.

El máximo Tribunal español adujo que la finalidad de actividades encaminadas al asesoramiento de las personas al momento final de su vida debe estimarse como promoción del derecho a la vida y, en consecuencia, una asociación que asuma dichos fines reúne las condiciones para ser declarada de utilidad pública.

Las facultades sancionadoras que la LOREG entrega a la Junta Electoral se encuentran en conformidad al derecho a la legalidad sancionadora asegurado en el artículo 25.1 de la Constitución Española.

De esta manera, el máximo Tribunal español acogió el recurso de casación interpuesto por unos padres que denunciaron en abril de 1993 la desaparición de su hijo junto con su vehículo en Madrid y en donde la investigación identificó a los dos presuntos autores, uno de ellos procesado en rebeldía.

El máximo Tribunal español reconoce el estatuto de refugiado a cuatro ciudadanos sirios que fueron acogidos en España en 2015.

El condenado grababa a las compañeras, todas ellas funcionarias auxiliares administrativas, cuando acudían a su despacho.

El máximo Tribunal español adujo que el interés base de la legitimación para presentar un recurso de este tipo es, con arreglo a la doctrina constitucional, “un interés en sentido propio, cualificado o específico”.