La veracidad, aun parcial de lo difundido, es un criterio de prevalencia en caso de colisión entre la libertad de expresión y el derecho al honor de funcionarios públicos.

El grado de madurez física y psicológica entre la víctima y el victimario es fundamental para determinar la exención de responsabilidad penal.

Las personas con discapacidad psíquica tienen derecho a experimentar su sexualidad y ha no regirse por determinados estándares morales.

El máximo Tribunal español consideró que la sentencia de base vulneró los derechos de una de las víctimas al no razonar de manera suficiente los motivos por los que absolvió a los acusados.

La atenuante pasional invocada por el recurrente fue desestimada al no poder probar que se encontraba limitado de comprender los alcances antijurídicos de sus acciones, debido al excesivo consumo voluntario de alcohol y drogas con anterioridad al hecho.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el castigo impuesto era desproporcionado y contrario a la libertad de expresión, título invocado por los afectados para pedir la anulación de la condena por el Supremo.

Dirigir la demanda en contra de “todos los ocupantes” no subsana la falta de emplazamiento, pues cuando el objeto del juicio deba hacerse valer frente a varios sujetos, todos ellos deben ser demandados y notificados.

La sentencia recuerda que el proceso de electoral ha de cumplir con sus cometidos respetando los principios de neutralidad informativa y de respeto al pluralismo político y a la igualdad.

Los auditores recibían altas sumas en honorarios por parte del Banco.

Si los magistrados ratifican la sentencia, esto implicaría la destitución del dirigente catalán.