La requirente alega que los preceptos legales objetados infringen la igual repartición de los tributos, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que debe pagar un tributo como consecuencia de que la DGA no ha tramitado el traslado de su derecho aprovechamiento de aguas solicitado hace más de 6 años.