Esta multa fue aplicada en virtud de una entrevista televisiva en el Palacio de la Moncloa durante el periodo electoral, publicada en la web de Presidencia del gobierno.

En lo relativo al contenido de la declaración hecha, aunque fuera breve, no hay duda de que objetivamente suponía realzar los logros del Gobierno saliente.

Las medidas adoptadas por la empresa fueron en todo momento encaminadas a minimizar la magnitud de los riesgos de un posible contagio y preservar la salud de las personas trabajadoras frente al Covid-19, lo que se hizo en forma adecuadamente ponderada cumpliendo la normativa excepcional.

Se rechazó el argumento de la defensa, que invocó en su recurso de casación el carácter sanitario de la mascarilla para evitar la aplicación de la agravante.

La acusada reclamaba la nulidad de la intervención de su teléfono porque era la línea telefónica que utilizaba para el ejercicio profesional como abogada, lo que habría vulnerado el principio de inviolabilidad de las comunicaciones entre abogados y clientes.

En dicho artículo se expresaba que «… hay que solucionar con la buena voluntad de las partes, pero que, si esta no existe, como militar nos quedaría la solución armada en la que se aplicará la Ley del Estado con toda su contundencia…»».

El máximo Tribunal español adujo esto, pues el incumplimiento de esta obligación deja a los propios hijos en un estado de necesidad en el que, ante su corta edad, y carencia de autosuficiencia, necesitan de ese sustento alimenticio del obligado a prestarlo, primero por una obligación moral y natural que tiene el obligado.

El máximo Tribunal español adujo que la finalidad de actividades encaminadas al asesoramiento de las personas al momento final de su vida debe estimarse como promoción del derecho a la vida y, en consecuencia, una asociación que asuma dichos fines reúne las condiciones para ser declarada de utilidad pública.

El máximo Tribunal español reconoce el estatuto de refugiado a cuatro ciudadanos sirios que fueron acogidos en España en 2015.