No se puede considerar que las autoridades hubieran subestimado el riesgo de un ataque terrorista o que una inteligencia más precisa, una mejor planificación y recurrir a otras medidas preventivas hubieran evitado los eventos que llevaron a la muerte de varias personas y a la lesión del demandante.

El reconocimiento del estatuto de refugiado en Italia se opone a que el interesado sea extraditado a su país de origen, del que ha huido. La extradición deberá denegarse mientras las autoridades italianas no revoquen o retiren ese estatuto, puesto que equivaldría, en realidad, a poner fin a este.

En vista de las presentaciones del demandante, sus actividades como activista y su persistente negativa a servir en el ejército a pesar de las medidas adoptadas contra él, se debe estimar que su objeción estuvo motivada por convicciones o creencias de suficiente contundencia, seriedad, cohesión e importancia en razón del artículo 9 del Convenio.

Las autoridades nacionales no demostraron de manera convincente en el razonamiento de sus decisiones que, al rechazar la reclamación del demandante por despido improcedente, se había logrado un justo equilibrio entre su libertad de expresión y el derecho de su empleador a proteger los intereses legítimos de la empresa.

Los tribunales turcos simplemente equipararon el uso de ByLock con ser miembro, consciente y voluntariamente, de una organización terrorista armada, independientemente del contenido de los mensajes o de la identidad de las personas con las que se habían realizado los intercambios. Los tribunales tampoco establecieron debidamente que se hubieran cumplido todos los requisitos del delito. Una interpretación tan amplia de la ley crea una presunción de culpabilidad casi automática.

Cuando se entablan procedimientos disciplinarios contra un juez, está en juego la confianza del público en el funcionamiento del Poder Judicial. Todo juez que sea objeto de un procedimiento disciplinario tiene derecho a salvaguardias contra la arbitrariedad. En particular, debe tener la oportunidad de que la medida en cuestión sea examinada por un órgano independiente e imparcial competente.

Los tribunales turcos confirmaron la multa en sentencia sumaria, sin pronunciarse sobre los motivos de apelación presentados por los demandantes. No podía pasarse por alto que la ONG había aportado pruebas en apoyo de su afirmación de que había declarado los fondos que recibió.

Se trata de una estatuilla de más de 6.000 años de antigüedad, conocida como “Stargazer” que fue extraída ilegalmente de su territorio como contrabando, por lo que exigió su repatriación.

El Artículo 35.1 (criterios de admisibilidad) de la Convención permite resolver un caso solo después de que se hubieran agotado todos los recursos internos: los Estados no son responsables ante un organismo internacional hasta que hubieran tenido la oportunidad de dirimir los asuntos dentro del orden jurídico interno.

Se constató que Turquía incumplió la sentencia dictada con motivo del caso Kavala, que ordenó a ese país liberar al activista turco Osman Kavala.