La magistrada dio por establecido que la Universidad de La Serena actuó en forma arbitraria al hacer cesar en el cargo a (….) pese a error que contenía la renuncia voluntaria que presentó el funcionario y que estaba condicionada a bonificación o incentivo al retiro, y que luego fue recontratado por tres meses y despedido sin justificación.
El máximo Tribunal, estimó que al momento del despido la notaria suplente infringió la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, al revisar las conversaciones de whatsapp que la funcionaria mantenía en uno de los computadores de la oficina con el anterior notario.
La profesional estuvo con licencias médicas por un cuadro depresivo luego de su permiso postnatal y al retornar a su trabajo en una escuela de la comuna, advirtió que ya no existía su puesto de trabajo.
El trabajador intentó revertir su desvinculación mediante una denuncia de tutela de derechos fundamentales, al cuestionar el proceso de evaluación docente que culminó con el término anticipado de su contrata, acusando que fue juzgado por una comisión especial, en circunstancias que siempre pudo ejercer las acciones que la ley le otorgó en el proceso de calificación.
La recurrente demandó por tutela y despido injustificado al municipio de San Javier, no obstante, no acreditó la existencia de indicios de relación laboral debido a que el vínculo entre las partes siempre estuvo reconocido como prestación de servicios al amparo del Estatuto Administrativo.
El recurso de unificación de jurisprudencia no cumple su objeto, si la denuncia de la norma decisoria no ha sido desarrollada en el libelo, hecho que impide el adecuado cotejo de los fallos acompañados, puntualizó el máximo Tribunal.
Los lazos afectivos no solo nacen del parentesco, sino que surgen, se conforman, se construyen y retroalimentan entre gente que se elige para ser familia. El concepto amplio de familia no se emparenta entonces sólo con la procedencia sanguínea. La verdad biológica no es un dato absoluto cuando se lo relaciona con el interés superior del niño.
La declaración de “adoptabilidad” de la menor se aplicó de forma desproporcionada, ya que no consideró los múltiples mecanismos de ayuda que la legislación ofrece para apoyar a los padres con problemas económicos.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del actor, al tardar 479 días para proferir la providencia que le impuso la multa dentro de un trámite en el que actuó investido de competencias judiciales.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que estableció que en la especie no existió el acoso laboral denunciado por extrabajadora.
Debe probar que la desvinculación es consecuencia de las represalias del empleador.
