El tribunal condenó a Transportes Paihuen SA por vulnerar derechos fundamentales, ordenando el pago de más de $13 millones en indemnizaciones y la publicación de un aviso en sus instalaciones para garantizar el respeto a los derechos laborales.
Si bien esta acción es especial, ello no significa que el denunciante para franquear el examen de admisibilidad deba acreditar cada uno de los hechos que considera vulneratorios, por ende, el tribunal incurre en falta o abuso grave al razonar sobre la prueba en una etapa que no es la probatoria.
Existen indicios suficientes de discriminación en el término anticipado de la designación de contrata, por no estar debidamente fundado el acto administrativo que le puso término anticipado, y por haberse afectado el derecho a la opinión política del denunciante.
La denunciada incurrió en actos que lesionan el Principio de No Discriminación al establecer distinciones entre los trabajadores de la empresa que adscribieron un pacto de suspensión de relación laboral en virtud de la Ley de Protección al Empleo, además de ejercer presión para su firma.
La magistrada acogió la demanda tras establecer que la universidad privada afectó la integridad síquica de la denunciante.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso levantado por la legación trasandina en contra de la sentencia, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, que le ordenó pagar a la trabajadora $9.930.393 de indemnización, equivalente a 11 remuneraciones.
El tribunal de primera instancia descartó la vulneración de derechos fundamentales en la decisión de separar de funciones al ex policía, al considerar que tal medida se tomó en base a antecedentes objetivos y verificables que daban cuenta de faltas a la ética y probidad del funcionario.
El requirente sostiene que se le aplica de plano una sanción desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.
Las entidades públicas están obligadas a prever mecanismos dirigidos a proteger a las personas que desempeñen cargos de suplente y deban ser retiradas con ocasión de la lista de elegibles, pero que se encuentren en alguna situación de debilidad manifiesta.
El cambio de lugar de trabajo y funciones con el menoscabo en sus remuneraciones y posición, afectaron la integridad psíquica de la demandante vulnerando sus derechos fundamentales.
El Tribunal acogió la demanda, tras establecer que la empresa tuvo responsabilidad en el daño a la integridad psíquica del demandante.
