El Tribunal hizo lugar a la acción judicial deducida, tras establecer que la denunciada vulneró los derechos fundamentales de la demandante, incurriendo en acoso laboral en su contra, por lo que deberá efectuar un pago de $50.000.000 por concepto de daño moral, y $1.985.313 por concepto de 14 días de remuneraciones impagas.

El máximo Tribunal rechazó el arbitrio enderezado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que no emite pronunciamiento sobre la materia de derecho que se pretende unificar.

El máximo Tribunal rechazó el recurso enderezado en contra de sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que no se pronuncia sobre la cuestión de derecho planteada por la recurrente.

Incorpora a funcionarios públicos que anteriormente no podían optar a este procedimiento, como los del Poder Judicial.

El Tribunal estableció que existen indicios suficientes para tener por acreditado que el trabajador fue despedido en represalia por activar la fiscalización realizada por la Inspección del Trabajo en febrero pasado.

El máximo Tribunal consideró que la materia que se pretende unificar no corresponde a alguna susceptible del recurso especial ni fue objeto del juicio atacado.

El Tribunal acogió la denuncia por vulneración a la garantía de indemnidad de la trabajadora.

El máximo Tribunal estableció que el tema de derecho, cuya línea jurisprudencial se procura unificar, tal como fue planteado y propuesto, no es factible de contrastar con otros dictámenes.

La Segunda Sala señaló que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84 numeral 6° de la LOCTC.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la demandada Inversiones Murano S.A., en contra la sentencia pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la denuncia.