El cómputo de los plazos se rige en esta materia por el artículo 435, inciso tercero del Código del Trabajo, en relación con el artículo 49 del Código Civil, conforme al cual «cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que se termina el último día del plazo».

Las argumentaciones tendientes a denunciar una valoración de la prueba diversa, sin relacionar la infracción con una regla probatoria específica, dan cuenta de la disconformidad con el fallo, más aún, si se pretende el reconocimiento de nuevos hechos distintos a los asentados en juicio.

Existen indicios suficientes de discriminación en el término anticipado de la designación de contrata, por no estar debidamente fundado el acto administrativo que le puso término anticipado, y por haberse afectado el derecho a la opinión política del denunciante.

En virtud del artículo 22 del D.F.L. N°1, la representación judicial y extrajudicial recae en el Director del Servicio, careciendo el demandado de estas facultadas, así como de patrimonio propio para responder a lo solicitado por el demandante.

Desde su nombramiento en 2016 despidió a más de 10 trabajadores afiliados al sindicato, sin justificar causa legal, instruyendo además a los nuevos trabajadores a evitar la relación con los funcionarios socios, para evitar que éstos los “contaminaran con sus malas prácticas laborales”.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no acompañarla parte recurrente sentencias de contraste homologables.

El máximo Tribunal desestimo el recurso al no contener la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pronunciamiento sobre la materia de derecho que la parte recurrente pretende unificar.

El fallo señala que, hecho el análisis que imponen las normas aparece que el recurso, en los términos planteados, no podrá prosperar, ya que en el fallo que lo motiva no existe, en rigor, un pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación de jurisprudencia.

La actuación de la recurrida perdió su causa y sustento jurídico, por lo que deviene en ilegal y arbitraria, luego que se declarara inaplicable por inconstitucional el artículo 4, inciso primero, segunda parte, de la ley 18.886.

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió demanda de tutela laboral por vulneración de la garantía constitucional del derecho a la honra.