El fallo consideró que el objetivo del mensaje no era el de infundir un temor público, ni de amenazar con la comisión de un delito. Por lo tanto, se encontraba amparado por la libertad de expresión.
La recurrente relató hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración a las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución.
La actuación del Concejal busca denostar a un grupo de personas y a su fe religiosa, lo que vulnera el derecho al honor de los recurrentes y transgrede su libertad de conciencia.
El ente contralor adujo que, tratándose de una cuenta de carácter privado de una persona en la citada red social, no corresponde que esta Contraloría General emita un pronunciamiento acerca de la posibilidad que aquella posee, como usuario, para bloqueos de otras cuentas o de su mantención.
