La obligación de las empresas prestadoras de servicios establecidas en otro Estado miembro de solicitar un permiso de residencia para cada trabajador desplazado, con el fin de que disponga de un documento seguro, que acredite la legalidad de su desplazamiento, constituye una medida apta para alcanzar el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de esos trabajadores.

Aunque los motivos alegados por el Consejo puedan servir para demostrar, en su caso, cierta proximidad de Aven y Fridman con Vladimir Putin o con su entorno, no prueban que hayan apoyado acciones o políticas que comprometan o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

A través de diversas vías legales, el país busca reparaciones justas y la rendición de cuentas por los daños infligidos. En un mensaje dirigido a la conferencia, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiteró el compromiso de su nación con esta causa.

La ley establece un nuevo procedimiento de selección que confiere facultades a los expertos internacionales para juzgar la integridad y competencia de los candidatos al Tribunal.

No existe fundamento para considerar que otorgar reconocimiento y protección legal a parejas del mismo sexo en una relación estable y comprometida pudiera perjudicar a las familias constituidas de manera tradicional o comprometer su futuro o integridad. Por lo tanto, el objetivo en términos generales de la protección de la familia tradicional no puede aceptarse.

La autoridad habría recibido millonarios pagos de un empresario ucraniano residente en Francia, que buscaba obtener un resultado favorable en un litigio judicial. Las investigaciones siguen en curso, pues se sospecha que el caso esconde un intrincado esquema de corrupción.

No existe una perspectiva concreta de que el empresario y/o sus familiares puedan hacer uso personal de la propiedad ahora o en el corto plazo.

Las autoridades no examinaron en profundidad la cuestión del consentimiento, centrándose únicamente en la afirmación de que el órgano había sido extraído como medida de emergencia para salvar su vida. Además, el hospital, que practicaba el consentimiento oral, no había tenido protocolos adecuados de mantenimiento de registros o una política de consultar a los familiares en tales situaciones.

La demandante no usó ningún comentario insultante u ofensivo sobre la autoridad ni adoptó postura en cuanto a la culpabilidad de las personas involucradas, sino que simplemente relató la secuencia de hechos que había presenciado en el camino. Por lo tanto, no se le puede imputar mala fe.

Dado que la asociación entre la demandante y su hijo no se establece mediante vínculos económicos o de capital o por la existencia de intereses comunes que los vinculen en el momento de la adopción de los actos impugnados, es evidente que la inclusión del nombre de la demandante en las listas en disputa se basa de facto únicamente en el vínculo familiar entre la demandante y su hijo.