Resolvió que la magistratura no tenía la facultad de declarar la extinción de un derecho real, si esta decisión afectaba a terceros que no eran comuneros en el juicio arbitral, debiendo discutirse tal asunto en un juicio ordinario en que todas las partes afectadas comparezcan a hacer valer sus derechos.
En un juicio por desahucio de arriendo se interpuso demanda reconvencional argumentando que el contrato era una promesa de compraventa por la que se pagó un adelanto del precio, pero tal no fue una alegación sometida por los litigantes a la decisión del tribunal.
Jueces de fondo incurrieron en extra petita al anular todo lo obrado en juicio, en circunstancias que ninguna de las partes cuestionó la competencia del tribunal de base.
Tal decisión constituye ultra petita, en razón del artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil.
La demandada apeló el monto del daño emergente y la falta de pruebas respecto del daño moral, pero no controvirtió la suma decretada en primera instancia.
El máximo tribunal estimó que se configuro el vicio previsto en el artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil.
