El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de contratación y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, desde que, a pesar de ser un tercero ajeno a la relación laboral, deberá pagar $22.128.848.- por concepto de obligaciones laborales y provisionales de trabajadores que nunca prestaron servicio para su empresa.
2 de marzo de 2024