Los contratos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad.
El despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N°19.728.
Los actores no acompañaron fallos de contraste que se pronunciaran sobre la exención de un municipio por la especial naturaleza del contrato suscrito con la demandada principal.
Exigir la notificación de la demanda para entender interrumpido el plazo de prescripción es un requisito adicional que contraviene su fundamento.
El juez laboral no debe limitarse a constatar la concurrencia del presupuesto de la causal de término del contrato sin ponderar las circunstancias del caso.
El hecho que genera la sanción se origina en el ámbito que debe controlar y en el que la ley le asignó responsabilidad.
La norma no aumentó la “bonificación proporcional mensual” establecida por la Ley N°19.410, que crea la Subvención Adicional Especial (SAE).
El Estatuto Docente no comprende normas relativas a la nulidad del despido, por lo que deben integrarse con las del Código del Trabajo, por supletoriedad.
Se constató que un becario AECID cumplió funciones de empleado durante su estadía en una repartición publica, en la que debía cumplir una jornada laboral bajo supervisión directa.
El máximo Tribunal estableció que en la especie se encuentra justificada la desvinculación del trabajador, quien fue contratado para realizar labores acotadas y no permanentes.
