El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso dirigido en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó la de primer grado que condenó a la empresa a pagar al trabajador por concepto de daño moral.

El legislador utiliza la óptica del trabajador y no el de las empresas beneficiarias directa o indirectamente de su trabajo para definir la subcontratación.

De lo contrario, el despido no tiene por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N°19.728.

Atiende a la actividad desarrollada por la empresa y no a su configuración jurídica.

La institución del despido indirecto obedece al sano propósito que las entidades empleadoras cumplan con las obligaciones que las ligan con sus dependientes.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio al considerar que en el fallo que lo motiva, no existe un pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación.

Por ello, no procede exigir al trabajador demostrar la ocurrencia de accidentes que evidencien el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa laboral.

Por consiguiente, el resto del plazo de caducidad pendiente se debe contabilizar una vez terminado el reposo prescrito.

Las funciones desempeñadas por la actora no correspondían a un cometido específico y se relacionaban directamente con el quehacer y los fines del servicio en cuestión.

La conclusión en contrario no permite divisar la razón por la que el legislador estableció que previo a su término, debe emitirse un pronunciamiento en sede judicial.