El máximo Tribunal consideró ajustada a la línea jurisprudencial la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda y ordenó el pago de la suma de $739.764, por concepto de recargo legal de la indemnización por años de servicios y $525.752, por concepto de saldo pendiente de pago de la indemnización por años de servicios, monto imputado por la demandada al descuento por concepto de aporte del empleador al seguro de cesantía.

El máximo Tribunal descartó error jurisprudencial en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que rechazó la caducidad de la acción.

El máximo Tribunal mantiene un criterio ambivalente sobre la materia.

Esta última un carácter punitivo o sancionatorio, objetivo que es distinto a la indemnización del daño moral, que es compensatoria, diferenciándose, por tanto, en su origen y finalidad de la primera.

Pese a la denominación de seguro que le otorga la legislación, forma parte integrante del sistema de seguridad social.

La causal de despido prevista en el artículo 160 N°3 del Código del Trabajo no exige que la licencia médica sea comunicada dentro del plazo previsto en la norma reglamentaria o en protocolos internos.

El voto de minoría sostuvo que el plazo de caducidad debe contabilizarse considerando la etapa de mediación obligatoria que la ley establece.

En los cargos de exclusiva confianza que fueren provistos por el Sistema de la Alta Dirección Pública, la petición de renuncia es facultad discrecional de la autoridad con competencia para disponer su nombramiento.

El límite previsto a favor de las empresas principales en el artículo 183-B del Código del Trabajo, no es óbice para la aplicación de la sanción del artículo 162.

No se distinguieron elementos distintivos de una relación laboral más allá del cumplimiento de reglas inherentes a la naturaleza del servicio que el demandante prestaba, atendido el contexto de un programa de televisión.