Se trata de un organismo estatal que goza de capacidad procesal en razón de la imputabilidad legal y directa de sus potestades públicas, sin que para ser parte en juicio necesite personalidad jurídica plena o patrimonio propio.

La prueba aportada por las demandadas solidarias permitió concluir que se adoptaron los resguardos suficientes para proteger eficazmente la salud e integridad física del demandante.

La causal de despido indirecto y las consecuencias de ser acogida no se encuentra regulada en el Estatuto Docente.

De lo contrario, el denunciante estaría obligado a accionar mientras se encuentra vigente la situación e ignorando su desenlace.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio al diferir la sentencia acompañada por la recurrente con la materia resuelta en la impugnada, lo que impide establecer divergencia doctrinal que amerite su resolución y unificación.

Aun cuando no se escriture un contrato de trabajo o se celebre bajo una denominación distinta, rige la presunción establecida en el artículo 8, que dispone: “Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo”.

El despido del actor representó un acto de discriminación en razón de la edad que vulneró el artículo 2 del Código del Trabajo y 19 N° 16 inciso 3° de la Constitución.

No es controlable por la vía de un recurso como el de la especie, no, por lo menos, considerando la manera en que se propone la materia de derecho cuya unificación se persigue.

Por tratarse de un vínculo regido por un estatuto especial y no por la normativa laboral, que sólo puede ser invocada de manera supletoria, respecto de las materias no previstas en el citado estatuto.

Sede laboral contiene normas de orden público de protección de los derechos de los trabajadores que deben ser correcta y preferentemente atendidas.