El máximo Tribunal consideró que hubo error al descontar el aporte del empleador al seguro de cesantía de la indemnización por años de servicio otorgada por el despido.

El despido que se funda en la modernización o racionalización en el funcionamiento de la empresa, debe fundarse en supuestos de hecho graves que den cuenta que forzosamente debió adoptarse.

Se determinó que, durante el último período, las demandantes se vincularon con la demandada sobre la base de una relación laboral, regida por el Código del Trabajo.

Por tanto, no se encuentra típicamente en la hipótesis para la que se previó dicha sanción.

La legislación define la subcontratación desde el punto de vista del trabajador que labora en tal régimen y no de las empresas que se benefician –directa o indirectamente– con su actividad.

La judicatura determinó que el demandante era dependiente de la empresa usuaria y, por tanto, la demandada carecía de legitimación pasiva.

El despido debe fundarse necesidades de la empresa que hacen inevitable la separación de uno o más trabajadores.

El carácter protector del derecho laboral ampara al dependiente ante la significativa asimetría de poder negociador con su empleador.

El máximo Tribunal desestimó el recurso al considerar que la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, hizo una correcta interpretación jurisprudencial al acoger la demanda y ordenar el pago solidario.

El tribunal de base determinó el carácter laboral del vínculo entre el demandante y el Ministerio de Obras Públicas.