El Serviu de la Región de Los Lagos quiso eludir la responsabilidad solidaria que le compete en régimen de subcontratación, al sostener que solamente era el financista y no el dueño de las viviendas sociales encargadas para construcción a la empresa demandada principal, situación que infringió el artículo 183-A del Código del Trabajo.

Alcalde de María Elena desvinculó a docente de planta esgrimiendo normas del estatuto docente para separar a la funcionaria por salud incompatible, sin consultar previamente a la COMPIN, situación anómala que hizo improcedente el despido y puso a la demandante en posición de se ser indemnizada mediante la aplicación subsidiaria de los artículos 162 y 168 del Código del Trabajo.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no acompañar la recurrente sentencias de contraste real.

Ex funcionaria municipal demandó por tutela laboral, acción que fue desestimada por impetrarse fuera del plazo de caducidad, no obstante, en sus recursos de nulidad y unificación solo reclamó por la permanencia en el tiempo de los hechos demandados, sin profundizar en las normas vulneradas y su influencia en lo dispositivo del fallo cuestionado.

El máximo Tribunal descartó que exista dispersión jurisprudencial que requiera pronunciamiento unificador.

Una vez declarada la existencia de la relación laboral deben ser pagadas por entenderse que le pertenecen al trabajador que prestó servicios durante la vigencia del contrato.

El máximo Tribunal compartió la doctrina plasmada en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que ordenó el pago.

El recurrente intenta modificar los hechos asentados al no poder justificar su ausencia del trabajo durante tres días, indicando que se conculcó su libertad sindical, circunstancia que fue desestimada pues el recurso se construyó sobre la base de argumentos que desconocen los hechos acreditados en juicio.

Municipalidad de Coronel debe pagar las cotizaciones de la seguridad social no sufragadas, por estimarse un gravamen propio de la remuneración el cual debe ser solucionado una vez que la relación ha sido declarada como laboral.

El demandante acreditó la existencia del vínculo de subordinación y dependencia, y el órgano no pudo probar que el contrato de honorarios a suma alzada se regía por las normas del Estatuto Administrativo.