Corresponde al tribunal nacional comprobar si la concentración de facultades es capaz de conferir, en la práctica, a las personas que la ostentan, la capacidad para influir en la orientación de las decisiones de los jueces afectados y crear así una falta de independencia o una apariencia de parcialidad de estos que pudiera menoscabar la confianza que la Justicia debe inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática de Estado de Derecho.

Si bien la determinación de los modos de adquisición y pérdida de la nacionalidad es, de conformidad con el Derecho internacional, competencia de cada Estado miembro, el hecho de que una materia sea competencia de los Estados miembros no obsta para que, en situaciones comprendidas en el ámbito del Derecho de la Unión, las normas nacionales de que se trate deban respetar este último Derecho.

Una revisión posterior de una sentencia arbitral del CIADI por parte de un tribunal nacional es obligatoria de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por razones previstas en el derecho de la UE, contrarias al sistema de normas del Convenio del CIADI. En un contexto intra-UE, dicha revisión puede ser anulada de manera vinculante mediante una revisión judicial nacional facilitada por el legislador alemán.

La ley establece un nuevo procedimiento de selección que confiere facultades a los expertos internacionales para juzgar la integridad y competencia de los candidatos al Tribunal.

El derecho a la legalidad sancionadora implica que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Este precepto, incorpora la regla nullum crimen, nulla poena sine lege, y la extiende al ordenamiento administrativo sancionador.

A través del texto legal se busca restaurar los ecosistemas naturales y disminuir las emisiones de carbono. Para lograr estos fines, la ley exige a los Estados miembros la creación de planes nacionales que impulsen una gobernanza amigable con el medio ambiente, en estrecha colaboración con el sector científico.

En el ámbito de la Unión Europea se está trabajando con la finalidad de establecer un marco jurídico para regular la IA y poder determinar quien es el responsable ante un daño causado en un contexto en el que se utilice IA. Así, en este momento se encuentran en tramitación tres disposiciones con relación a esta materia.

Busca delimitar su utilización a través de una escala de riesgos que está supeditada al grado de afectación a los derechos de las personas. Prohíbe expresamente su uso en vigilancia biométrica y sistemas de puntuación social basados en el comportamiento y/o características de los individuos.

Dado que la posesión de la nacionalidad de un Estado miembro constituye de conformidad con la normativa europea un requisito indispensable para que una persona pueda adquirir y conservar la condición de ciudadano de la Unión y gozar plenamente de los derechos inherentes a dicho estatuto, la pérdida de dicha nacionalidad implica, por tanto, para el interesado, la pérdida de dicho estatuto y de dichos derechos.

El acuerdo, que fue alcanzado tras una década de disputas, acelera los procedimientos de tramitación de solicitudes de asilo y permite a los migrantes contar con traductores y asistencia jurídica. También introduce un componente de solidaridad que confiere a los Estados miembros dos opciones ante la llegada de migrantes: acogerlos o pagar 20.000 euros por migrante para sufragar los gastos de los controles fronterizos obligatorios.