La Contraloría General de la República permite el cese de sus funciones mediante una ponderación especial contenida en un acto de aplicación general, de carácter anual para todos los docentes, y que resguarde las garantías de un procedimiento objetivo, justo y racional.

La decisión de la recurrida transgrede la igualdad ante la ley y el derecho de toda persona a ser oído de forma previa a la adopción de una determinación desfavorable.

De esta forma, se da cumplimiento al artículo 25 letra i) del Estatuto de la casa de estudios superiores.

Las peticiones exceden las materias que deben ser conocidas por esta vía, por cuanto se pretende impugnar una decisión que forma parte de las políticas públicas dictadas por la autoridad competente.

El Tribunal Constitucional tendrá que resolver si infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.

La casa de estudios elaboró un trabajo con temáticas como Democracia, Salud, Educación, Medio Ambiente, Cultura, Artes y Patrimonio y protección social.

La Universidad requirente aduce que no resulta lógico ni justo que, frente a una conducta menor, se le pueda hacer además acreedora de una adicional condena que le significará e la imposibilidad de poder concurrir a licitaciones respecto de contrataciones administrativas por un período de dos años.

El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada es de carácter público y, en la forma que fue autorizada, no vulnera la privacidad de los titulares.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El máximo Tribunal mantuvo la sentencia impugnada por las partes, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la resolución de primer grado que acogió parcialmente la demanda indemnizatoria presentada por el Servicio Nacional del Consumidor.