Los hechos habrían ocurrido fuera de la universidad, en contexto de relaciones sociales no vinculadas a sus fines.
El plan de recuperación presentado por la casa de estudios no cumplió los estándares exigibles.
El tribunal destacó que la actora fue degradada sin justificación del cargo de Decana y que la causal de despido invocada no era procedente.
La actora alegó que otros alumnos en igual situación pudieron tomar ramos y que debe seguir pagando el arancel a la institución educacional.
El Tribunal Constitucional ha resuelto que la impugnación procede en todos los casos en que la acreditación sea otorgada por un plazo menor al solicitado.
El actor no cuenta con un título técnico de nivel superior o profesional que autorice excluirlo como beneficiario.
La negativa de la recurrida impide al actor ejercer su profesión, cuyos ingresos le permitirían pagar las obligaciones pecuniarias pendientes.
La falta de antecedentes que acrediten lo sostenido por el actor, lleva a concluir que no existe un acto arbitrario o ilegal que importe amenaza o vulneración a alguna de las garantías invocadas.
La recurrida cuenta con la vía del cobro ordinario o ejecutivo, según corresponda, de conformidad a las reglas generales.
La imposibilidad de participar en nuevas licitaciones públicas no resulta una afectación a la garantía del actor, por cuanto puede desarrollar su actividad con otras entidades.
