Mantener aquella deuda con posterioridad a la sentencia firme en un proceso de liquidación voluntaria, amenaza la igualdad con que la actora debe ser tratada respecto a otras personas sin antecedentes comerciales.

El artículo 31 de la Ley N°19.296 establece un permiso gremial de 22 u 11 horas semanales, según se trate de dirigentes nacionales o regionales.

La actora alegó que la educación superior es un derecho que debe estar al alcance de todas las personas.

La recurrida incorporó una evaluación diagnóstica y una eventual nivelación.

La recurrida sostuvo que el actor participó en la toma efectuada en uno de sus campus.

Los hechos ocurrieron en el contexto de una movilización feminista.

La resolución no contuvo motivos o razones suficientes que justificaren la decisión.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de base que rechazó la demanda, tras establecer que la casa de estudios no incurrió en actos discriminatorios en contra la alumna que pedía adecuaciones curriculares para continuar sus estudios.

La actora no pudo participar en uno de los programad del Fondo de Internacionalización de Universidades.

La decisión se ajustó a lo dispuesto en el Reglamento Académico Estudiantil al que se encuentra sujeta la actora.