El Tribunal ordenó a la universidad, entre otras medidas, emitir un comunicado dirigido a la comunidad interna explicitando que el despido de los docentes no tuvo relación con rumores de la existencia de denuncias de acoso o violencia de género. 

El Tribunal otorgó un plazo 72 horas para que la recurrida elimine de sus registros el número telefónico de la actora.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por la demandante en contra de la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que desestimó la demanda.

La resolución que sancionó al actor carece de la expresión de los motivos que fundamentaron la decisión, lo que constituye una condición mínima de racionalidad y un elemento de la esencia de toda medida sancionatoria.

El recurrente completó el programa del magíster e incorporó a su patrimonio el derecho personal a obtener su título, por lo que la negativa de la universidad vulnera su derecho de propiedad.

Las leyes N°18.575 y N°19.880 consignan el principio de impugnabilidad de los actos administrativos.

Es obligación de la universidad adoptar medidas con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de sus estudiantes.

La acción de protección no es la vía idónea para impugnar la decisión de CORFO.

El Tribunal de alzada rechazó la denuncia de tutela de derechos fundamentales deducida, pero acogió la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, por no dar cuenta la casa de estudios de las causales de la desvinculación del docente.

Producto de la pandemia las instancias participativas presenciales para la elaboración de la propuesta no son posibles.