Las ilegalidades del procedimiento afectan el derecho a la igualdad de trato que consagra el artículo 19 N° 2 de la Constitución, en la medida que el recurrente fue sometido a un procedimiento disciplinario que no se sujetó a la regulación naturalmente aplicable.

La decisión es arbitraria por ausencia de motivación suficiente, al no explicarse la razón que llevó a la Universidad a aplicar al estudiante la máxima sanción posible, existiendo un catálogo de otras sanciones aplicables que resultaban más acorde a los hechos imputados.

La recurrida no acompañó evidencia de haber informado la eliminación, incumpliendo su propia reglamentación que estipula que dicha sanción debe aplicarse por medio de una resolución fundada y mediante un procedimiento que garantice el debido proceso.

La obligación de fundamentar las decisiones que se impone a la autoridad, constituye un imperativo legal, que rige también respecto a la Casa de Estudios.

La demora contraviene el protocolo dictado en conformidad a la Ley N°21.369, lo que hace procedente la adopción de medidas para reestablecer el imperio del derecho.

La investigación en contra del actor resulta arbitraria e ilegal, y vulnera el debido proceso, pues ha sido investigado por una comisión que ha excedido la esfera de sus atribuciones. Asimismo, su honra también ha sido vulnerada, por cuanto se adoptaron medidas establecidas para situaciones distintas a la suya.

La solicitud al Presidente de la República se orienta a que se implemente en universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales un mecanismo de apoyo y acompañamiento a los estudiantes, considerando las alarmantes cifras de enfermedades siquiátricas y suicidios que se dan en los jóvenes.

El objetivo es corregir las desigualdades surgidas en el pasado segregacionista de Estados Unidos y aumentar la proporción de estudiantes afrodescendientes, hispanos o de pueblos indígenas, que siguen estando subrepresentados en la educación superior.

Si bien la deliberación sobre el estatuto orgánico tiene que desarrollarse mediante procesos participativos en que intervengan los distintos estamentos de la comunidad universitaria, lo cierto es que las propuestas planteadas al Consejo Académico no son en ningún caso vinculantes.

El ente contralor sostiene que la intención del legislador con la exención tributaria establecida fue la de liberar a las universidades del Estado de cualquier impuesto que les resulte aplicable en el cumplimiento de sus funciones.