La solicitante intentó regularizar una franja de áreas verdes al interior de una urbanización, creyendo que era un inmueble municipal, en circunstancia que dicho predio pertenecía a la empresa que construyó el loteo, la que además, acreditó la posesión violenta de la demandante al ocupar un predio ajeno legalmente inscrito.
El recurrente pretendió acelerar el desalojo de un inmueble ubicado en la comuna de Punitaqui, en circunstancia que contra algunos ocupantes posee fallos pendientes de ejecución por demandas de precario, y a otros ni siquiera ha emplazado en juicio; por lo tanto, la magistratura estimó que el asunto controvertido debe ser resuelto por la judicatura civil, mediante acciones de lato conocimiento.
La actora denunció la usurpación -por parte de la recurrida- de gran parte de un inmueble que junto a sus hermanos heredó de su madre, el que sería utilizado para ampliar los estacionamientos de un restorán. La recurrida se allanó al recurso, indicando que fue estafada por un tercero que se hizo pasar por dueño del sitio y se lo vendió.
Conocida como Ley de Usurpaciones, sanciona con presidio toda hipótesis de usurpación de inmuebles.
El campamento, emplazado desde mayo de 2019 en el predio “La Engordita”, debe ser desmantelado en un plazo de seis meses. El máximo Tribunal ordenó al municipio y al MINVU disponer de alberges provisionales para las 187 familias que componen la toma y se encuentran a la espera de una solución habitacional.
La congregación acusó el ingreso clandestino y violento de terceros a un inmueble de su propiedad. Los ocupantes han destruido parte de las instalaciones y cobran sub arriendos a terceros que ocupan las cabañas de descanso, situación que no encontró respuesta en la autoridad administrativa competente. El máximo Tribunal dispuso un plazo de dos meses para el desalojo y ordenó a las autoridades municipales y ministeriales disponer los medios para ello, así como de instalaciones de alberge provisorias.
Empresa forestal intentó revertir la decisión del Juzgado de Garantía de Angol -que absolvió a un acusado de usurpación-, alegando que dicho tribunal no cumplió con su deber de comunicar íntegramente los fundamentos de la sentencia absolutoria, en circunstancias que la magistratura envió copia del fallo al correo electrónico de la querellante, motivo por lo que el perjuicio invocado es inexistente.
No existe un derecho indubitado de propiedad si no se explica con claridad las demarcaciones y deslindes del predio en conflicto.
La iniciativa se funda en la proliferación de los hechos de usurpación en la Macrozona Sur del país y el efecto negativo en el desarrollo local.
La moción tiene por objeto proteger a los propietarios y presuntos compradores, y erradicar un potencial foco de financiamiento de organizaciones ilícitas y/o criminales.
Durante el debate, los legisladores del Senado hicieron presente que han pasado 55 años desde la integración de la Isla de Pascua al territorio nacional “y el mundo ha cambiado, la ley debe regir para todos los pueblos de la tierra, sin distinción”.
