Al rechazar la vacunación se está poniendo en riesgo a la población ante posibles brotes de enfermedades que décadas atrás causaron la muerte de personas, y que, en la actualidad, se encuentran controladas gracias al programa de inmunización del Estado.
De los hechos denunciados, no se advierte la forma en que puedan amenazar y vulnerar las garantías constitucionales de la recurrente.
La autoridad modificó las cuestiones denunciadas por el recurrente.
El Tribunal de alzada estableció que la adopción de campañas sanitarias corresponde a políticas públicas privativa del Ejecutivo y que no corresponde a los tribunales establecer su pertinencia.
El Tribunal de alzada desestimó la acción constitucional, tras establecer que la autoridad recurrida actuó dentro de sus facultades al disponer la inoculación para proteger la salud pública del país.
La Magistratura trasandina adujo que, en relación a la vacuna contra el COVID-19, es necesario destacar que si bien el Congreso sancionó una ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19, esta no hace referencia alguna a la supuesta obligatoriedad de su aplicación.
El Juzgado sevillano adujo que, por su edad, su situación pluripatológica y su estancia en un centro de mayores, dicha vacunación se configura como la única alternativa eficaz para la adecuada protección de su vida frente al riesgo real de desarrollar una enfermedad grave por Covid-19.
