El deber de búsqueda y entrega de información pública es propia de los órganos de la Administración del Estado, en su calidad de tal, cuya carga no puede traspasarse a los requirentes

El Tribunal de alzada establece que en la especie debe primar el interés superior del niño, evitando exponerlo a enfermedades inmunoprevenibles.

La actora acreditó padecer una enfermedad autoinmune y haber presentado efectos adversos luego de aplicarse la primera dosis de la vacuna Coronavac.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar presentada en resguardo de las garantías constitucionales de la niña y autorizó al centro asistencial ariqueño para que proceda a vacunarla contra la tuberculosis y la hepatitis B tan pronto quede ejecutoriada la sentencia, “pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición”.

El mantenimiento de la campaña de vacunación lleva aparejados efectos indudablemente más favorables para la protección de la salud pública, que las consecuencias que cabría esperar de la medida formalmente deducida por la actora.

El asunto objeto de la acción se enmarca en una política pública del poder ejecutivo, en cuya determinación no le corresponde a los Tribunales intervenir.

La autoridad competente para tal efecto es el Presidente de la República.

Esto, siempre que no exista disponibilidad de enfermeras/os, quienes son usualmente los que ejecutan esas acciones.

El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, tras establecer que el juez recurrido actuó dentro de sus atribuciones, en forma ajustada a derecho y actuando por resolución adecuadamente fundada en el interés superior del niño.

Esto, como medida de gestión extraordinaria con ocasión de la actual pandemia a fin de resguardar la salud de esos empleados.