La Clinica expone que los padres de la recién nacida, aduciendo razones personales, rechazaron las inmunizaciones definidas por el Programa Nacional de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud de Chile, correspondientes a su período neonatal, esto es, el rechazo de la inoculación contra la BCG (Tuberculosis) y Hepatitis B.
La coordinación deberá ser remitida a la residencia encargada de acoger al joven, a fin de precaver los riesgos para su personal y demás residentes.
La Corte ordenó remitir los antecedentes al Juzgado de Familia de la ciudad a objeto de constatar que no exista otro tipo de vulneración de derechos de la recién nacida, toda vez que la negativa a administrar las vacunas, daría cuenta que la madre no tiene conciencia de los deberes parentales.
Los padres han realizado conductas que constituyen un actuar ilegal y arbitrario que implica una afectación de la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Constitución y de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La obligatoriedad impuesta por las autoridades nacionales para la vacunación en contra de estas enfermedades y el derecho a la vida e integridad física de la niña, vuelven imperioso que reciba las vacunas correspondiente a su rango etario.
La medida alcanza a distintos profesionales que prestan servicios públicos, entre ellos, a los bomberos profesionales.
El plazo entre la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto impugnado y la fecha de interposición del recurso, excede al establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.
No existe indicio de presión o direccionamiento inequívoco por parte de la empresa para obligar al recurrente a vacunarse.
Los Estados tienen la obligación de situar el interés superior del niño en el centro de todas las decisiones que afecten a su salud y desarrollo.
La vacunación obligatoria implica una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano.
