No existe indicio de presión o direccionamiento inequívoco por parte de la empresa para obligar al recurrente a vacunarse.

Los Estados tienen la obligación de situar el interés superior del niño en el centro de todas las decisiones que afecten a su salud y desarrollo.

La vacunación obligatoria implica una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano.