Se alega que Pfizer promocionó la vacuna como eficaz contra las variantes del COVID-19, pese a que los datos disponibles indicaban que la eficacia era inferior al 50%. Finalmente, se aduce que Pfizer hizo declaraciones falsas respecto a la capacidad de la vacuna para prevenir la transmisión del virus.
Se constató que la presidenta del organismo mantuvo conversaciones a través de mensajes de texto con altos ejecutivos de Pfizer, las cuales habrían posibilitado la firma de un contrato de adquisición de vacunas por más de 1.800 millones de euros. Las autoridades se han negado a hacer públicos estos mensajes.
La divulgación de la información es trascendental para efectos de generar confianza pública ante la ausencia de coordinación y lineamientos precisos por parte de los organismos multilaterales y de los diversos Estados, sobre el control, distribución y transparencia del proceso de vacunación mundial.
El Tribunal de alzada descartó que la entrega de la información solicitada por ley de transparencia afecte los derechos comerciales o económicos de los recurrentes.
El ISP no cumplió de forma clara la entrega de estos antecedentes ante requerimiento que se le formuló.
Los recurridos sostienen argumentos religiosos y científicos para evitar la vacunación de su hija. Su negativa infringe norma expresa contenida en el Decreto N°6 que obliga a la población a vacunarse contra enfermedades inmuno prevenibles.
Ante un conflicto entre la voluntad de la madre y el interés superior del niño, este último debe primar, particularmente si atenta contra la garantía consagrada en el N°1 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
La cuestión se centra en un posible conflicto entre bienes jurídicos igualmente protegidos como son, por un lado, la Salud Pública, y, por otro lado, determinados derechos individuales constitucionalmente reconocidos
Pese a que las vacunas tampoco son obligatorias en menores, existen algunos precedentes en los que se ha recurrido a una orden judicial para que sí lo sea.
