El requisito de vacunación, como condición para la vinculación laboral en un contexto posterior a la culminación de la emergencia sanitaria, no satisface las exigencias del juicio de igualdad y resulta discriminatorio en tanto supone una preferencia injustificada hacia las personas que han optado por aplicarse la vacuna contra el COVID-19.
Acusa a Pfizer de participar en «actos y prácticas falsas y engañosas al hacer afirmaciones sin fundamento sobre su vacuna Covid-19, en violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas», según un comunicado de prensa compartido en redes sociales.
La medida fue adoptada en virtud de una reforma impulsada por parlamentarios demócratas. Ha encontrado oposición en ciertos grupos que acusan a las autoridades estatales de vulnerar su libertad religiosa y sus derechos como padres, en contravención a la Primera y Decimocuarta Enmienda.
Se constató que la presidenta del organismo mantuvo conversaciones a través de mensajes de texto con altos ejecutivos de Pfizer, las cuales habrían posibilitado la firma de un contrato de adquisición de vacunas por más de 1.800 millones de euros. Las autoridades se han negado a hacer públicos estos mensajes.
La divulgación de la información es trascendental para efectos de generar confianza pública ante la ausencia de coordinación y lineamientos precisos por parte de los organismos multilaterales y de los diversos Estados, sobre el control, distribución y transparencia del proceso de vacunación mundial.
El Tribunal de alzada descartó que la entrega de la información solicitada por ley de transparencia afecte los derechos comerciales o económicos de los recurrentes.
El ISP no cumplió de forma clara la entrega de estos antecedentes ante requerimiento que se le formuló.
Los recurridos sostienen argumentos religiosos y científicos para evitar la vacunación de su hija. Su negativa infringe norma expresa contenida en el Decreto N°6 que obliga a la población a vacunarse contra enfermedades inmuno prevenibles.
Ante un conflicto entre la voluntad de la madre y el interés superior del niño, este último debe primar, particularmente si atenta contra la garantía consagrada en el N°1 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
La cuestión se centra en un posible conflicto entre bienes jurídicos igualmente protegidos como son, por un lado, la Salud Pública, y, por otro lado, determinados derechos individuales constitucionalmente reconocidos
Pese a que las vacunas tampoco son obligatorias en menores, existen algunos precedentes en los que se ha recurrido a una orden judicial para que sí lo sea.
