Los solicitantes argumentaron que, si bien la legislación de los Estados Unidos establece que los tribunales conservan la competencia sobre las solicitudes de habeas corpus incluso después de una transferencia a Guantánamo, la aplicación de dicho principio en el caso concreto resultaba incierta. Además, manifestaron que un eventual traslado restringiría sustancialmente su acceso a representación legal.
Lo anterior se agrava, porque actualmente se carece de autoridades diplomáticas competentes de ese país con presencia en Chile para realizar trámites como el exigido.
Tras considerar que Nicolás Maduro obtuvo ventajas en la justicia y a través de la utilización de recursos públicos, la Corte IDH declaró la responsabilidad de Venezuela por la violación de derechos políticos de Henrique Capriles Radonski en las elecciones de 2013.
Según la solicitud, el propuesto beneficiario es periodista y dirigente del partido político «ProCiudadanos» en Venezuela. El 11 de septiembre de 2024, habría sido interceptado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), tras haber publicado un video en sus redes sociales, en el cual rechazaba actuaciones del gobierno nacional hacia las personas venezolanas. Desde entonces, no se tienen noticias oficiales sobre su paradero o estado de salud.
Según la solicitud, el propuesto beneficiario es reservista activo del Ejército de República Checa y estaba de viaje en Venezuela por turismo, cuando habría sido detenido el 5 de septiembre de 2024 por agentes de seguridad del Estado en el pueblo de Atabapo, estado de Amazonas. Desde esa fecha no se conocería su paradero.
Según la solicitud, el beneficiario es integrante de la oposición de Venezuela y ha sido objeto de intimidaciones, hostigamientos y agresiones, por lo menos, desde el 2016. Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, ha sido alegado que fue objeto de persecución motorizada, el 3 y 28 de agosto de 2024, por parte de agentes del SEBIN y que el hostigamiento se habría extendido a diversos integrantes de su familia.
El 11 de abril de 2002, la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y la Confederación de Trabajadores de Venezuela realizaron una manifestación contra los despidos en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Durante la protesta, agentes de la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana de Caracas y personas no identificadas atacaron a los manifestantes con gases lacrimógenos, disparos y piedras.
El documento menciona la detención de más de 2.000 personas en el transcurso de las manifestaciones, incluyendo menores de edad con discapacidades. Según el texto, estas detenciones se habrían realizado en ausencia de órdenes judiciales, y en muchos casos no se respetaron los derechos procesales correspondientes.
Los investigadores encargados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denuncian que la violencia empleada contra los opositores ha alcanzado niveles “sin precedentes”, citando detenciones, abusos sexuales y torturas como algunos de los métodos utilizados por el Gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.
Las autoridades emitieron ayer una orden de arresto contra el principal candidato de oposición en los comicios presidenciales de julio pasado por cargos que incluyen la falsificación de documentos. El Secretario General se suma a la preocupación de la Oficina y llama a proteger y respetar las garantías fundamentales. “Nadie debe ser sometido a arresto o detención arbitraria”, dice, e insta a resolver la controversia electoral pacíficamente.
El fiscal general Tarek Saab inició una investigación penal contra González y Machado por haberse proclamado vencedores de las elecciones y por la creación de un sitio web destinado a la publicación de las actas de recuento de votos.
