El documento menciona la detención de más de 2.000 personas en el transcurso de las manifestaciones, incluyendo menores de edad con discapacidades. Según el texto, estas detenciones se habrían realizado en ausencia de órdenes judiciales, y en muchos casos no se respetaron los derechos procesales correspondientes.

Los investigadores encargados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denuncian que la violencia empleada contra los opositores ha alcanzado niveles “sin precedentes”, citando detenciones, abusos sexuales y torturas como algunos de los métodos utilizados por el Gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.

Las autoridades emitieron ayer una orden de arresto contra el principal candidato de oposición en los comicios presidenciales de julio pasado por cargos que incluyen la falsificación de documentos. El Secretario General se suma a la preocupación de la Oficina y llama a proteger y respetar las garantías fundamentales. “Nadie debe ser sometido a arresto o detención arbitraria”, dice, e insta a resolver la controversia electoral pacíficamente.

El fiscal general Tarek Saab inició una investigación penal contra González y Machado por haberse proclamado vencedores de las elecciones y por la creación de un sitio web destinado a la publicación de las actas de recuento de votos.

Desde la elección presidencial, las personas defensoras de derechos humanos vienen siendo víctimas de patrones represivos de parte del Estado. Ello, para obstruir la labor de defensa, que por ejercerla genera sospecha inmediata del régimen y activa la maquinaria estatal represiva.

Según la solicitud, Carmen Leonor García Azuaje, secretaria del partido de oposición «Alianza Bravo Pueblo» fue aprendida en el centro de la ciudad de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas el 17 de agosto de 2024 por funcionarios adscritos a la División de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana. La parte solicitante indicó que desde el momento de su detención se desconoce dónde se encuentra la beneficiaria.

Según la solicitud, la propuesta beneficiaria fue detenida el 20 de agosto de 2024 y llevada a la sede de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de la Guaira. El 22 de agosto, fue trasladada por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a un lugar desconocido.

El 30 de julio de 2024, en horas de la mañana en la ciudad de Caracas, el beneficiario habría sido privado arbitrariamente de su libertad por presuntos agentes del Estado adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Desde ese momento no se conocería su paradero.

En la Resolución, la CIDH analizó la falta de medidas implementadas para su protección del beneficiario y lamentó la falta de información sustantiva y de implementación de medidas de protección por parte del Estado, lo que situaría al beneficiario en una situación de desprotección y vulnerabilidad en el contexto del país.

A la fecha, se desconoce su paradero por lo que se estima que se ha configurado su desaparición forzada. Tanto la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) han negado tenerlo bajo su custodia.