El Estado no ha adoptado ningún tipo de acción reciente para atender la situación que enfrentan los integrantes de la organización PROVEA. Lo anterior ha llevado a que los factores de riesgo identificados por la Comisión en 2015 y 2019 no se concentren solo en las personas que tienen cargos de coordinación, sino también en el resto de las personas que integran la mencionada organización.

Por el acuerdo en cuestión, el ministerio, con el objeto promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia, pacta con su contraparte la mutua colaboración, a fin de facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de la criminalidad organizada.

Tras el análisis de antecedentes, el organismo de control concluyó que es procedente suscribir este tipo de acuerdos interinstitucionales.

La reanudación de la investigación de la Fiscalía de la CPI en la situación de Venezuela quedó en firme ¿Qué sigue? ¿Qué oportunidades surgen?

Se podría estimar que el nivel de democracia en Venezuela se encuentra en un rango bajo, entre 10 y 20 puntos, con una tendencia negativa en los últimos años.

Un Estado que, como Venezuela, no ha incorporado los crímenes de lesa humanidad en su derecho interno, si bien no está obligado a investigar los presuntos hechos delictivos bajo la calificación jurídica de crímenes de lesa humanidad, debe, no obstante, investigar las acusaciones fácticas que sustentan los elementos contextuales de tales crímenes.

El consulado de Chile en Venezuela rechazó la solicitud de la visa en noviembre de 2020, debido a la crisis y emergencia sanitaria que atravesaba la nación debido a la pandemia del Covid-19, no obstante, la afectada intentó revertir dicho acto mediante la interposición de un recurso de protección en el año 2022, acción que fue desestimada por extemporánea.

La reapertura de las actuaciones se produjo con motivo de la información aportada por el Jefe de Inteligencia Venezolana, ante la cual el Juez estaba obligado a investigar y verificar la veracidad de la información que se le transmitía.

La afectada fue víctima de violación sexual perpetrada por cinco reclusos, no se le brindó atención médica especializada, ni se tomaron medidas para proteger su integridad, se la trasladó a un recinto hacinado y el proceso penal en su contra se prolonga por más de 20 años.

El requerido se allanó a la solicitud de extradición, por lo que la magistratura dispuso la entrega diferida del encartado una vez cumplida una pena por tráfico de drogas, que actualmente lo mantiene recluido en la cárcel de Alto Hospicio.